Los predios legalizados por la Agencia Nacional de Tierras benefician a 56.000 familias

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza de Miguel Samper, entregó un balance al Gobierno entrante sobre cómo estaba antes la situación de la tierra en Colombia, en qué puntos ha progresado y qué retos le esperan a la entidad de ahora en adelante.

A partir de la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), lo que recibió la ANT, según el reporte oficial de la entidad, fueron 180.000 procesos de adjudicación de baldíos sin atender, 56.000 solicitudes de información sin atender, 3.037 procesos de adjudicación de baldíos a Entidades de Derecho Público sin atender, 537 sentencias de restitución sin cumplir, 2.171 subsidios sin desembolsar, y un proceso de título de propiedad de una finca por un monto de hasta $30 millones que tardaba 10 años.

Ante ese panorama, la ANT le entregó al Gobierno de Iván Duque 48.480 procesos de adjudicación de baldíos atendidos, lo que corresponde a 27,5% del rezago, también se entregaron 4.808 títulos de propiedad.

Según el director de la entidad, Miguel Samper, “estos predios benefician a un total de 56.000 familias campesinas o de comunidades étnicas. De 1902 a 2015 se titularon 680.000 predios, lo que equivale a un promedio aproximado de 5.000 títulos por año. Nosotros en tan solo dos años de gestión, titulamos más de 44.000 predios. Quiere decir que cuadruplicamos el ritmo de titulación que se tenía”.

En cuanto a los procesos agrarios fueron 88.311 hectáreas con seguridad jurídica. Se ejecutaron 565 sentencias de restitución y se materializaron 1.242 subsidios por el orden de $74.109 millones. Además, se redujo el precio del título de propiedad de una finca a menos de $2 millones y en un plazo de máximo cinco meses.

En el tema de los retos futuros, la ANT queda, según su diagnóstico, con un presupuesto insuficiente ante necesidades históricas del campesinado y una conflictividad social que proviene de la disputa de varios años por la tierra a través de invasiones, hostigamiento y daños en cultivo.

En el informe se detalla lo nuevo que deja la Agencia, un Fondo de Tierras con 532.000 hectáreas. La creación del programa ‘Formalizar para Sustituir’, exclusivo para formalizar la propiedad de familias vulnerables a la presencia de cultivos de uso ilícito.

Samper dijo que “el Acuerdo de Paz impone formalizar siete millones de hectáreas en los próximos 10 años, y en un año de implementación del acuerdo ya logramos titular 1.570.000 hectáreas, lo que equivale a decir que si este ritmo se mantiene y lo mantiene el próximo Gobierno, esa meta se podría en solo en cinco años”.

En contraste con la dirección de Miguel Samper y los resultados de la ANT, el profesor y analista José Roberto Acosta especializado en derecho bursátil y financiero dijo al respecto que: “la ANT desempeñó un papel absolutamente rezagado porque tuvo una muy mala gestión en cabeza del gobierno saliente, y lo que vamos a evidenciar con el Gobierno entrante es un desinterés más profundo por los campesinos”.