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Judicial

Morro Gaira fue reconocido como bien de uso público por el Tribunal del Magdalena

El Tribunal Administrativo del Magdalena determinó que no hubo error jurisdiccional ni responsabilidad por parte de la Rama Judicial,

18 de marzo de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

Morro Gaira
Instituto Distrital de Turismo Santa Marta
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El Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó una demanda de reparación directa que fue presentada por los herederos de Gustavo Díaz Segovia contra la Rama Judicial. Esta demanda buscaba una compensación debido a la declaración del "Morro Gaira", que se encuentra en la Bahía de Santa Marta, como un bien de uso público. Con esta decisión, el Estado colombiano evitó desembolsar más de $121.000 millones.

Los herederos de Díaz Segovia argumentaban que merecían una indemnización por la supuesta afectación que resultó de la decisión judicial que declaró el "Morro Gaira" como un bien de uso público, inalienable e imprescriptible. Este terreno había sido otorgado a Díaz Segovia a través de resoluciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, las cuales fueron posteriormente anuladas.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participó en el proceso, defendiendo que la decisión del Consejo de Estado, que anuló las resoluciones del Incora, se alineaba con la normativa vigente. La Agencia argumentó que el "Morro Gaira" no podía ser objeto de apropiación privada debido a su estatus como bien de uso público.

Los demandantes sostenían que la decisión del Consejo de Estado era incorrecta y que la duración del proceso, que superó los 22 años, representaba una falla en la administración de justicia. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado explicó que la prolongación del proceso se debía a su complejidad y a la congestión judicial, lo que no implicaba una irregularidad en la administración de justicia.

El Tribunal Administrativo del Magdalena determinó que no hubo error jurisdiccional ni responsabilidad por parte de la Rama Judicial, confirmando la legalidad de la decisión tomada por el Consejo de Estado en 2016.

César Palomino Cortés, Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, subrayó que esta sentencia refuerza la importancia de proteger el patrimonio público y asegura que bienes como el "Morro Gaira" permanezcan en manos del Estado.

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