Nación ganó el caso Meritage y no pagará US$300 millones que pedían inversionistas

Después de un arduo lío jurídico, el tribunal arbitral relacionado con el conocido proyecto inmobiliario Meritage acogió la excepción de seguridad esencial formulada por Colombia y rechazó todos los reclamos de Ángel Samuel Seda y otros por la presunta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado "se trata de un triunfo sin precedentes en la historia del arbitraje por ser la primera vez en la historia en que un tribunal internacional acoge la excepción de seguridad esencial del Estado para rechazar los reclamos de un inversionista".

Esta importante decisión salva a la Nación de pagarle USD$300 millones a los inversionistas estadounidenses, quienes pedían dicho monto por haber perdido un lujoso complejo inmobiliario. En el caso Meritage, inversionistas como el empresario estadounidense Ángel Seda argumentaron que Colombia incumplió los acuerdos de trato justo y equitativo, y de no expropiación ilegal.

En su momento, la Fiscalía confiscó un bien donde se invirtió para tener locales, apartasuites y casas. De acuerdo con el ente investigador, esto se produjo porque dicho lote había pasado por testaferros de la Oficina de Envigado.

"Hoy queda claro que el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes. De esta forma, es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos, pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio
de una de las principales organizaciones criminales del país".

Este caso de arbitraje por Meritage comenzó el 25 de marzo de 2019, fecha en la que se registró la demanda presentada por Ángel Samuel Seda y otros contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Por decisión unánime, el Tribunal concluyó que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio iniciada contra el predio del proyecto Meritage en Envigado (Antioquia), pues estas fueron medidas adoptadas y mantenidas en el tiempo para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.

Este triunfo fue producto del trabajo mancomunado entre el equipo de abogados de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia y la firma internacional Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes).