Por corrupción, Fiscalía envía a la cárcel a exrector de Universidad Tecnológica del Chocó

Cuatro personas, entre ellas el exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó (Utch), fueron judicializadas en las últimas horas por presuntas irregularidades en un contrato destinado a modernizar aulas de clase que fue firmado en junio de 2021 y que, según la Fiscalía General de la Nación, presentó múltiples anomalías desde su trámite hasta la ejecución, con recursos públicos que habrían sido desviados para beneficiar intereses particulares.

Un fiscal de la Seccional Chocó presentó cargos contra David Emilio Mosquera Valencia, exrector de la Utch; Yunner Eduard Moreno Córdoba, jefe de Sistemas; Leiser Córdoba Mena, jefe de Contratación; y Francis Yoximar Palacios Sánchez, representante legal de la empresa contratista.

Los imputados enfrentan acusaciones de peculado por apropiación, falsedad ideológica y contratación sin requisitos legales. Ninguno aceptó los cargos.

Irregularidades en el contrato

El contrato, valuado en $1.250 millones, tenía como objetivo mejorar las herramientas tecnológicas en las aulas de la Utch. Sin embargo, según la Fiscalía, el proceso estuvo plagado de irregularidades. No se realizó una licitación pública adecuada, y el acuerdo habría sido direccionado para beneficiar a una empresa específica.

Entre las irregularidades identificadas se incluyó la certificación de un avance ficticio del 15,8% en agosto de 2021, lo que permitió un desembolso de más de $600 millones. Además, en septiembre de ese mismo año se adicionaron $300 millones al proyecto, sin justificación clara.

La investigación también reveló que los equipos tecnológicos adquiridos no cumplían con las condiciones establecidas y algunos no fueron entregados.

La supervisión, a cargo de Moreno Córdoba, presentó inconsistencias desde los estudios técnicos iniciales hasta la ejecución del contrato.

El ente de control solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, mientras se espera la decisión del juez de control de garantías. Según los investigadores, las acciones de los procesados vulneraron principios legales y de transparencia en la contratación pública, generando un grave perjuicio al patrimonio de la universidad.