¿Por qué la Fiscalía de Guatemala acusa al ministro Iván Velásquez de corrupción?

La situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha causado revuelo tanto en Colombia como en Guatemala pues, según el fiscal general de ese país, Rafael Curruchiche, el jefe cartera deberá responder ante la justicia guatemalteca por corrupción. Pero, ¿qué hizo Velásquez?

La situación en la que se ve inmerso el ministro se remonta hasta 2014, cuando entró liderar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una organización de la ONU, en ese país. La misión de dicha comisión era investigar los casos de corrupción asociados a la constructora Odebrecht y otros asuntos irregulares en el país centro americano y poner en marcha un plan en contra de la impunidad.

Entre 2014 y 2019, la gestión del entonces director de la Cicig resultó en numerosas condenas y detenciones de miembros de la política guatemalteca como es el caso del expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti que fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación tributaria.

Entre los casos más recordados se encuentra la detención de 22 personas por cuenta de irregularidades en el sector de aduanas. Miembros de la banda La Línea tenían contacto con varios tramitadores, entre los que se encontraban funcionarios del Gobierno, quienes ayudaban a pagar menos impuestos a cambio de sobornos. Las actividades se efectuaban a través de una línea telefónica mediante la cual se acordaban los fraudes.

Otro de los casos atendidos por Velásquez, y que involucró al expresidente Pérez, hace referencia a la defraudación y tráfico de influencia por parte de miembros del Gobierno de ese entonces, donde se vieron involucradas las empresas de energía Zeta Gas y Jaguar Energy.

También se incluyeron otros casos de fraude tributario, delitos contra el ambiente, financiamiento electoral ilícito e infiltración de bandas criminales en instituciones estatales.

En enero de 2019, el presidente Jimmy Morales dio por terminado el trabajo de la Cicig en ese país, argumentando que los procesos se basaron en actos ilegales y abuso de poder.