Procuraduría abrió investigación contra Olmedo López y otro exdirector de la Ungrd

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Olmedo López y Eduardo José González, exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), por presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras para la reconstrucción de Mocoa, capital de Putumayo. Esta inversión superaría $185.000 millones provenientes del sistema general de regalías.

Otros funcionarios vinculados a la investigación son Gerardo Jaramillo, secretario general de la Ungrd; Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisor; Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía; Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.

Según lo que ha encontrado la Procuraduría, relacionado con estos 18 contratos que hacen parte del Plan de Acción Específico presentado por la Alcaldía de Mocoa, se encontraron presuntos retrasos de ejecución, contratación de personal para ejercer la supervisión y afectaciones en la ejecución de recursos.

Este Plan de Acción tenía el fin de acelerar las obras de mitigación del riesgo y evitar una nueva tragedia.

En el caso de la etapa de preinversión se detectaron presuntas deficiencias en estudios, diseños, y presupuestos en cuatro de las 18 obras. Durante la ejecución, se hallaron posibles irregularidades técnicas que no fueron consideradas y habrían puesto en riesgo la infraestructura existente. Además de construcciones en ejes ambientales sin los respectivos permisos y trámites ambientales hechos fuera de tiempo.

Otra de las presuntas irregularidades fue la destinación de recursos para 86 actividades no relacionadas con uno de los proyectos de construcción como un viaje a San Andrés y Providencia por ocho días para “hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia por el paso del huracán Iota y una supuesta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa”.

Entre las pruebas presentadas por la Procuraduría están: copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la Ungrd, además de los dos contratos firmados para el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales y de vivienda, con sus respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal y soportes de su ejecución. Además de una certificación actualizada sobre el avance real de las diferentes obras contratadas para reducir y mitigar el riesgo en Mocoa.