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Salud

Procuraduría pidió a EPS que recibieron a usuarios de Coomeva garanticen atención

El organismo informó que se aseguró que los recursos de la EPS liquidada fueran puestos a disposición del equipo interventor

03 de febrero de 2022

Vanessa Pérez Díaz

vperez@larepublica.com.co

Colprensa
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Tras el anuncio de la liquidación de la EPS Coomeva, aproximadamente 1,2 millones de afiliados a esa entidad fueron redistribuidos en un total de 14 EPS, que fueron seleccionadas por el Ministerio de Salud.

Ese proceso de asignación a otras Entidades Prestadoras de Servicios de Salud ya finalizó y es por eso que la Procuraduría General exhortó a las 14 EPS designadas "garantizar la continuidad en el acceso efectivo a los servicios de salud de estos usuarios".

Una de las quejas más frecuentes que se registraban de la EPS Coomeva era que no se ofrecía oportuna atención ni tratamiento a los pacientes con enfermedades oncológicas o crónicas. Por eso, una de las peticiones que hizo el organismo de control es que se de continuidad con el suministro de medicamentos e insumos médicos a estos usuarios.

"Desde el pasado 27 de mayo de 2021, cuando la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión administrativa de Coomeva EPS, y más recientemente en la fase de liquidación ordenada por Resolución 189-6 del 25 de enero de 2022, la Procuraduría Delegada para para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente hace seguimiento permanente a estas medidas de intervención forzosa, con el fin de proteger los derechos de los afiliados", afirmó el Ministerio Público.

El ente agregó que aseguró que los recursos de la EPS Coomeva en disposición de los juzgados por procesos de cobro coactivo a la fecha de intervención, fueran puestos a disposición del equipo interventor.

También informaron que "se adelanta el trámite en la Corte Constitucional, para gestionar la solicitud de selección y revisión de una tutela, con el propósito de que, a través de una sentencia de unificación, se ponga fin a la proliferación irregular de procesos de embargo contra los recursos públicos consignados en Cuentas Maestras de recaudo y de pago administradas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que afectan gravemente la liquidez del sistema de salud".

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