¿Qué pasará con los imputados por presunta responsabilidad fiscal del caso Hidroituango?

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Tal como había anticipado AL en su edición de ayer, la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, anunció que de los 34 presuntos responsables que estaban vinculados al proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango, imputó cargos a 28 por $4,1 billones. Entre ellos están algunos como Juan Esteban Calle, Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo. Además, archivó el proceso de seis de ellos y dijo que espera que haya una decisión definitiva en un año y medio.

¿Qué sigue en el proceso?

Es necesario aclarar que la imputación de cargos no implica necesariamente que los mencionados sean culpables. Esto, porque la responsabilidad fiscal tiene tres elementos: una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal.

“Para que alguien sea culpable tiene que haber daño, nexo causal y dolo o culpa grave. Ya vimos que hay un presunto daño por un valor estimado, y ahora hay que ver, dentro de los imputados, cuáles fueron las acciones que realizaron, y ahí se evaluó el grado que puedo tener alguno en sus acciones u omisiones”, explicó Córdoba.

En esta etapa del proceso, entonces, deberá probarse la concurrencia de los tres elementos, luego de lo cual la entidad procederá a expedir un fallo de fondo.

“Lo que quiere decir la imputación es que, tras surtir unos pasos de recopilación de pruebas y entrevistas, la Contraloría emite una declaración formal en la que los acusa de causar un daño al patrimonio del Estado”, explicó un abogado a AL.

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En un proceso bajo el procedimiento ordinario, después de la notificación formal, los imputados tienen 10 días para presentar sus descargos, es decir, su defensa, y a partir de ahí se entra en un proceso probatorio, luego del cual la entidad deberá emitir un fallo de fondo.

La decisión, en ese orden de ideas, puede ser en dos sentidos: o exonera a los imputados o los condena tras hallarlos culpables. En el primer escenario, la decisión tiene consulta, por lo que el contralor general deberá revisarla automáticamente. En caso de una condena, en cambio, los interesados podrían interponer un recurso de apelación, ante el mismo contralor general, que emitiría una decisión en firme. En caso de inconformidad, las acciones jurídicas se trasladarían a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde la última palabra la tendría el Consejo.

Las consecuencias

El vicecontralor encargado, Julián Ruiz, explicó que tanto para los actuales funcionarios públicos, como para los contratistas y constructores, “las consecuencias son ninguna, más allá de hacer parte del proceso de responsabilidad fiscal, en el que se les darán todas las garantías procesales para la defensa, como se ha venido haciendo”. Es decir, no habrá inhabilidades ni suspensión de los contratos en ejecución, hasta tanto no tener un fallo condenatorio.

Un abogado explicó a AL que el riesgo más grande en esta etapa son las medidas cautelares, es decir, embargos preventivos. La entidad aclaró que hasta el momento no ha tomado medidas de ese tipo, aclarando también que una eventual toma de decisión, en ese sentido, hace parte de la reserva del sumario.

Ante una condena, explicó el experto, teniendo en cuenta que a menos que se especifique lo contrario la responsabilidad es solidaria, la Contraloría podría exigir el total del daño a cualquiera de las partes, o “embargar a todos a ver qué se logra recuperar”.

Alcance

Es importante aclarar también que, independientemente del sentido del fallo que se emita, el proceso fiscal de la Contraloría no tiene implicaciones penales o disciplinarias, puesto que, ese tipo de sanciones corresponden, respectivamente, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. Ambas entidades tienen también abiertos procesos por el caso Hidroituango. En ese sentido, una eventual condena en la Contraloría no llevaría a los responsables a pagar cárcel.

Resultados de la investigación

Para la Contraloría (ver documento adjunto), las fallas de Hidroituango son el resultado de una cadenas de errores, desde el diseño hasta su ejecución, con tres graves consecuencias: el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, que es generar energía, lo que generó un lucro cesante de $1,1 billones; el desmesurado aumento de los costos del proyecto, que terminó costando cerca de $13 billones con un daño fiscal de $2,9 billones; y la grave contingencia de 2018, que amenazó con causar una calamidad pública.

En total, la CGR calculó el lucro cesante en $1,1 billones y la destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados en $2,9 billones, para un total de $4,1 billones.

Los imputados

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Los imputados son: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Alonso Salazar; y los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.

Sobre la decisión Juan Esteban Calle, actualmente presidente de Cementos Argos, indicó: “Me siento totalmente tranquilo con respecto a todas las actuaciones durante mi gestión como gerente de EPM, las cuales seguiré defendiendo con absoluta tranquilidad de conciencia, diligencia y convicción, por su total apego a la integridad personal, la ética empresarial y la ley”, y agregó que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades “con plena confianza en la institucionalidad y en la justicia”.

Por su parte, el exgobernador Fajardo y el exgerente de EPM Federico Restrepo emitieron sus pronunciamientos, a través de comunicados a la opinión pública, luego del cierre de la edición.

Además, fueron imputados los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

Igualmente, la Contraloría imputó a los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y del Consorcio Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

A raíz de la noticia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, citó para hoy a una junta extraordinaria de EPM “a fin de evaluar las últimas noticias y establecer acciones que permitan el avance del proyecto”. La empresa, en tanto, evitó pronunciarse en tanto "las acusaciones son a modo personal no a la Organización".