Radicaron una acción popular contra la Cancillería por la licitación 001 de pasaportes

La pelea por quién se queda con el contrato de los pasaportes continúa. Recientemente, salieron los nuevos pliegos en los que se explican las condiciones modificadas para que las empresas que compiten por quedarse con el millonario contrato tengan las mismas condiciones. Sin embargo, hay varios requisitos que se mantienen intactos y que impiden que sea una competencia justa.

El abogado Esteban Puyo Posada radicó una acción popular contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, "mediante la cual se pretende que cesen las vulneraciones a los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica, en virtud de las actuaciones desarrolladas por la entidad en el marco de la Licitación Pública", dice el documento. Tiempos de implementación, exigencia de un tercer chip, mayor puntaje a la planta ubicada en Norteamérica, son requisitos planteados por el abogado en la acción popular.

Tiempos de implementación
La entidad exige un tiempo de implementación de dos meses. Como se ha mostrado por todos los interesados (con la debida justificación técnica), este término es insuficiente y es mucho menor al tiempo de implementación establecido en otros países, incluso en países con menores exigencias y con menor población y número de libretas. El Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a ampliar el término de implementación.

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Exigencia de un tercer chip
Esta es otra exigencia que únicamente puede cumplir el contratista actual. Aunque la mayoría de los interesados manifestaron que este requerimiento era de imposible cumplimiento (para interesados diferentes al actual contratista), por la cantidad de actividades que exige adelantar, en un tiempo tan corto y sin tener un negocio asegurado para el proveedor, la Entidad lo mantuvo sin ningún tipo de justificación técnica.

Mayor puntaje a la planta ubicada en Norteamérica
Cabe resaltar que, unánimemente, todos los interesados diferentes al contratista actual indicaron que este requisito estaba diseñado para que únicamente el contratista actual lo pudiera cumplir, la entidad lo mantuvo. Los interesados señalaron que lo que realmente importaba era el plan de contingencia, y no la ubicación de la planta.