Riveros Consulting: “Hay normas vigentes ideales para las aplicaciones móviles”
El Ministerio de trabajo regulará los empleos creados por plataformas digitales
12 de agosto de 2019Riveros Consulting es una firma con especialidad en derecho constitucional y administrativo, que ahora contará con Luristic, centro de estudios y servicios jurídicos para negocios TIC. Héctor Riveros y José David Riveros hablaron en entrevista con AL sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías.
¿Por qué Riveros Consulting abre un centro de estudios y servicios jurídicos de negocios TIC?
Encontramos un vacío en la oferta de servicios para los emprendimientos que están surgiendo para aprovechar las TIC el Estado no encuentra cómo tomarlos en regulación.
¿Se debe evaluar la regulación en TIC?
En muchas ocasiones la regulación se va muy al detalle y nosotros defendemos desde la constitucionalidad, la libre competencia y la no necesidad de permisos para ejercer una actividad económica. Suele pasar, por ejemplo, en micromovilidad, que piensan que se necesita regular porque sí, pero algunas cosas no lo requieren.
¿Es decir que las patinetas por ejemplo están sobrereguladas?
Creemos que está ultraregulado, hay una microregulación porque creen que hay que regular todo y por ejemplo la Secretaría de Movilidad les pide información sobre las alianzas que tienen con otras privadas para poder operar, y eso no tiene relación con su funciones. Hay un antecedente importante y es cuando la Secretaría de Movilidad quiso imponer una tableta para los llamados ‘taxis inteligentes’, que obligaba a utilizar un mismo sistema operativo. La Superindustria dijo que cuando surge una nueva tecnología, que genera modelos de negocios distintos, el regulador debe facilitar la innovación; permitir que cualquier persona o empresa entre a ese mercado y revisar que no afecte al usuario porque siempre estas normas le impiden acceder al servicio, aumentan el valor pagado o ambas.
¿Cómo Colombia puede ser ejemplo de regulación con casos como Rappi?
Ahí hay varias relaciones en una misma aplicación: con el rappitendero, el restaurante y el usuario. Cada una tiene una regulación y unas consecuencias distintas. No es que haya una ausencia absoluta de regulación, hoy esas empresas tienen contratos legalmente constituidos. Lo que pasa con Rappi es que se ha vuelto más visible porque combina también migración venezolana, uso del espacio público, etc. que la volvió más visible para la opinión pública.
En el Plan de Desarrollo se incluyó que en un año tendrán que sacar una política pública para regular el trabajo digital. Habrá que ver qué proyecto se presenta, pero sin duda buscarán una especie de creatividad que tendría problemas como que si solo piensan en Rappi, igual va a aplicar a cualquier otra aplicación con la lógica de unir demanda con oferta.
¿Qué puede hacer el Estado ante un desarrollo que no se puede frenar y una industria que pide protección?
Por alguna razón las empresas de estos negocios no han logrado mostrar lo positivo, por ejemplo en términos económicos. Con nuevas aplicaciones, el primer juicio es que son ilegales porque hasta los funcionarios lo dicen; es informal y por ser informal no paga impuestos ni cumple legislación laboral y además tiene un impacto negativo sobre ciertos sectores. Pero todo esto es equivocado. Por ejemplo Airbnb y similares, lo que hacen es potencializar oportunidades económicas que incluso dinamizan el sector de la construcción.
En el caso de aplicaciones de transporte, por ejemplo, se calcula que hay entre 15.000 y 18.000 vinculados a Uber como trabajo permanente, ninguna empresa ha generado esa cantidad de empleos en los últimos tres o cuatro años. Otros trabajadores por su edad no recibe ingresos suficientes y entonces completa con estos ingresos adicionales. Mirar los efectos positivos sociales y económicos de estos nuevos negocios es importante, y solo se están mirando los problemas.
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