Sancionan a abogado por quedarse con idemnización a familia de Alemao Agámez

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó en las últimas horas la sanción impuesta a un abogado acusado de apropiarse de los dineros que, como indemnización, pretendía pagar una de las partes involucradas a la familia del joven Alemao Agámez, asesinado el 5 de febrero de 2010 en Barranquilla.

El hecho en cuestión se remonta a ese día cuando cinco personas lo abordaron en el momento en que se bajaba de un taxi en una zona cercana al hospital pediátrico, que luego se conoció como el Camino Distrital Adela de Char. Allí, varios de los implicados lo atacaron con armas cortopunzantes, supuestamente en medio de una disputa entre dos grupos de bandas delicuenciales conocidos en el mundo del hampa como ‘El York’ y ‘Los Latin Kings’.

Cuatro de los autores del homicidio fueron capturados y condenados, uno de ellos a 18 años y 11 meses de cárcel luego de su colaboración con las autoridades para el esclarecimiento del crimen.

Años después fue capturada una quinta persona, quien habría sostenido en su momento una relación sentimental con la víctima y quien fue vinculada en calidad de coautora.

Al cabo de una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento por detención domiciliaria, esta persona manifestó la intención de indemnizar a los familiares del joven asesinado, acordando la suma de $18 millones, que serían entregados al abogado que precisamente representaba los intereses de las víctimas. De ese monto, $8 millones serían reconocidos como honorarios y los $10 millones restantes como pago real a la familia.

De acuerdo con la queja instaurada ante la Jurisdicción Disciplinaria, los dineros fueron entregados al abogado el 10 de noviembre de 2014, quien sin embargo no cumplió con el deber de allegarlos a su cliente, sino que, por el contrario, no los entregó, lo cual no solo privó a las víctimas de la indemnización, sino que dio continuidad al proceso penal contra la persona que intentó conciliar a cambio de beneficios judiciales.

En principio, el abogado en cuestión se justificó en una supuesta deuda pendiente equivalente a $13 millones por parte de sus representados, es decir, de la familia del joven asesinado. No obstante, la Jurisdicción Disciplinaria encontró plenamente acreditado que, efectivamente, el jurista recibió la suma de $18 millones, de los cuales tomó $8 millones por concepto de honorarios y quedó comprometido a entregarle los $10 millones restantes a su cliente, lo cual no sucedió sin darle explicación alguna.

Por eso, y aunque aceptó su responsabilidad después de la imputación de cargos hecha por la primera instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tras una revisión minuciosa del caso, consideró que incurrió en falta dolosa agravada, prevista en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a la vez que infringió el deber consagrado en el artículo 28 numeral 8 de la misma norma.

Así las cosas, en fallo con ponencia de su presidente, Alfonso Cajiao, la Máxima Autoridad Disciplinaria de la Rama Judicial en Colombia confirmó la sanción impuesta el 23 de junio de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, consistente en un año de suspensión y multa de cuatro salarios mínimos.

Antecedentes

En relación con esta información, revelada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, Cajiao afirmó que la acción del abogado constituyó “una falta dolosa agravada” y elogió, asimismo, la postura firme de la comisión en la defensa de la ética profesional. Esta postura fue respaldada por otros organismos judiciales que se mantienen vigilantes ante cualquier desviación que altere la práctica legal y que propenden por un actuar transparente de los encargados del oficio.