El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evitó que el Ministerio de Defensa tuviera que pagar una cifra cercana a los 35 mil millones de dos mil soldados e infantes de marina que habían presentado una acción de grupo por concepto de discriminación salarial.
En segunda instancia, el Tribunal revocó la condena que había proferido el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá al mismo Ministerio por haber dejado de pagar, desde noviembre de 2003, a los soldados que antes se llamaban voluntarios, el sueldo tal y como lo fijaba el Decreto 1794 del año 2000.
Este caso se conoce como “la demanda del 20 por ciento”, pues dicho decretó fijó como sueldo un salario mínimo incrementado en un 60 por ciento, pero en realidad a los uniformados solo se les incrementó un 40 por ciento.
El juez de primera instancia declaró la responsabilidad de la Nación, ordenado pagar la millonaria cifra pero “abriendo la posibilidad de integración al grupo posterior a la sentencia de más de 44 mil militares, por lo que se estima que la suma superaría los 770 mil millones de pesos”.
El Tribunal tumbó la decisión al estimar que para estas pretensiones era improcedente la acción de grupo y que las liquidaciones debían realizarse mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción laboral.
En pocas palabras, la legalidad del acto administrativo que ordenó la rebaja del 20 por ciento en los salarios de estos soldados, así como la liquidación de sus prestaciones sociales, debe entonces evaluarse por otro tipo de acción distinta a la presentada por los soldados, siempre que no esté caducada.
La Fundación Sentimiento Patrio, que presentó la acción de grupo, ya apeló esta decisión ante el Consejo de Estado.
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