“Se necesita crear un derecho de crisis para las dificultades de las empresas”

La situación actual por la que pasan diferentes empresas llevó al Gobierno a expedir el Decreto Legislativo 560, con el cual se adoptan medidas excepcionales en materia de procesos de insolvencia. Sin embargo, hace poco la firma paisa Pedroza decidió enviar una petición a la Corte Constitucional para la revisión de este. En entrevista con AL, Romeo Pedroza Garcés, director general del bufete y abogado especialista en Derecho Financiero, contó que en este existe una indebida protección de los “acreedores garantizados”.

¿Qué puntos del Decreto 560 considera que deben ser revisados por la Corte Constitucional?
Consideramos que la Corte debería revisar todos aquellos aspectos del Decreto 560 que no sirvan para conjurar la crisis y para impedir la extensión de sus efectos, es decir, que debe garantizar que todas sus normas sirvan para promover el salvamento de las empresas como base de la economía, removiendo cualquier previsión que impida este objetivo, ya que solo de esa forma se podrá superar esta situación de la economía.

En este sentido, esperamos que se revise y reduzca la prevalencia que se le ha dado a las garantías reales sobre las medidas de recuperación empresarial en los artículos 3, 4, 5 y 6, pues la excesiva protección de los acreedores con prenda, hipoteca o cualquier otra garantía podría hacer muy costoso o imposible el salvamento de la actividad económica e, incluso, podría perjudicar a los proveedores y trabajadores, que son usualmente los más desprotegidos.

Esperamos que la Corte retire del ordenamiento las normas que dan excesiva prevalencia a las garantías reales, y las subordine al interés superior desde el punto de vista Constitucional, que es el salvamento de las empresas y del empleo.

¿Cuáles deberían ser las medidas que debería adoptar entonces el Gobierno?
En distintos escenarios hemos dicho que el proceso de insolvencia es una herramienta valiosa pero no es suficiente, siendo necesaria la creación de un verdadero derecho de crisis para controlar y superar eficientemente las dificultades empresariales de hoy y del futuro.

Consideramos urgente la solución de las situaciones de insolvencia con un menor costo social, creando trámites expeditos para la reorganización de Pyme, evitando que pierdan dinámica y capital de trabajo a lo largo de procesos de larga duración. Debe pensarse en reestructuraciones estandarizadas para los casos de menor cuantía, que se otorguen con el cumplimiento de requisitos básicos y sin necesidad de largos procesos de negociación, cuyo costo es alto, tanto para el empresario como para los acreedores.

Es conveniente evitar la extensión de la crisis hacia los avalistas o garantes de empresas en reorganización, y por eso hemos propuesto la suspensión de los cobros a los codeudores desde el mismo momento en que el deudor principal solicita la negociación. De esta manera se busca una solución integral en el deudor principal que se extienda a sus avalistas, sin incrementar el número de procesos de cobro y reestructuración a los que se ven llamadas estas personas en la actualidad.

Aunque el decreto da un primer paso, es necesario profundizar los modelos de financiación de empresas en crisis y generar incentivos más fuertes para promover este sector, facilitando la participación de actores que inviertan en estos escenarios y otorgándoles beneficios de orden fiscal para hacerlo, ya que asumen un alto riesgo económico que redunda en un gran beneficio social.

¿Creería que más ayudas de paquetes económicos para las empresas generaría que se presenten menos procesos?
La crisis actual no tiene origen en un sobreendeudamiento empresarial ni se resolverá solamente por la reestructuración del pasivo, lo cual evidencia que las medidas tomadas, aunque útiles, son insuficientes.

Estamos ante una situación de reducción casi total de los ingresos empresariales que solo se revertirá con el restablecimiento de la dinámica económica, lo cual se podría acelerar con estrategias de canalización de recursos públicos hacia sectores claves de la sociedad.

Si se logra restablecer esa dinámica de la economía que reactive los ingresos empresariales, se podría pensar en una reducción de procesos de insolvencia y también facilitaría acuerdos de reorganización para aquellas empresas que se acojan a estos procesos.

¿Cuáles son los mayores retos para las empresas en la actualidad?
La parálisis y la incertidumbre han descompensado los recursos de las empresas en mayor o menor medida, reduciendo su tesorería, disminuyendo inventarios y, en algunos casos, anulando totalmente unidades de negocio. También han minado equipos de trabajo y generado fricciones o desconfianza con proveedores relevantes.

El gran reto para las empresas está en recuperar el equilibrio de sus factores productivos hacia el interior; y restablecer la cadena de valor con sus proveedores, colaboradores y clientes, hacia el exterior. El verdadero desafío es recuperar la confianza empresarial para recomponer internamente la productividad y vincular a los diferentes grupos de interés en la reactivación del negocio.

Aquellos que tengan un plan concreto de restablecimiento empresarial podrán asumir los desafíos que supone esta contingencia, previniendo escenarios de reorganización, mediante una negociación proactiva con sus acreedores que los vincule colaborativamente en el proyecto de reactivación y acudiendo a los alivios y líneas de crédito que ha otorgado el Gobierno Nacional, entre otras acciones legales que afianzarían su gestión específica.

Debemos decir que hay un gran reto para los acreedores, que consiste en comprender la situación de sus deudores y alinearse con su plan de reactivación como solución de interés común. De la actitud e inteligencia de los acreedores en comprender esta situación, dependerá la reducción de procesos de insolvencia y la eficaz recuperación de la dinámica empresarial.

Y en materia de beneficios tributarios y normas suspendidas, ¿qué opinión tiene?
Los alivios tributarios consultan la necesidad de algunas empresas, pero nos parecen insuficientes como aporte a la situación actual. Debemos recordar que el derecho tributario parte del principio de progresividad, según el cual la contribución se funda en hechos reveladores de la capacidad económica de cada sujeto. La situación de insolvencia, por definición, es evidencia de la ausencia de capacidad económica del empresario.

Por esta razón, debería contarse con un régimen fiscal de insolvencia que sea progresivo y consulte la ausencia de capacidad económica de quienes se encuentran en esta condición, liberándole de cargas ordinarias que son altamente gravosas y dificultan la recuperación empresarial, como, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, que grava el ingreso bruto sin mirar la situación del contribuyente, minando su capital de trabajo y disminuyendo la liquidez necesaria para la recuperación.