Según Fiscal General, con la ley de sometimiento más de 3.600 presos quedarían libres

ARTÍCULO RELACIONADO

Fiscalía criticó ley de sometimiento y pidió que no se tramite con mensaje de urgencia

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, mostró nuevamente su descontento hacia la ley de sometimiento propuesta por el Gobierno Nacional.

Esta vez, el fiscal denunció que con la ley de sometimiento se presentaría un "festín de libertades" a los miembros del Clan del Golfo y de cualquier otro grupo criminal que se someta a este proyecto presentado ante el Congreso el pasado miércoles. Barbosa indicó que varios parágrafos de la ley presentada concederían una cantidad deliberada de principios de oportunidad a varios presos por delitos considerados como graves.

Barbosa denunció que esta ley otorgaría libertades no solo a los líderes de los grupos al margen de la ley que se sometan, sino también a los miembros de bajo rango que ya se encuentran presos. “Podrían salir de la cárcel no solo los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo y que hubiesen cometido esos delitos, es decir, la preocupación según la revisión que hemos hecho es que 3.500 o 3.600 personas, directamente, podrían salir de la cárcel, lo cual es muy grave” declaró el fiscal.

Según Barbosa se sigue confundiendo la idea del sometimiento a la justicia propuesta dentro del proyecto de "Paz Total" con lo desarrollado dentro del Proceso de Paz. También alegó que las observaciones que presentó a la ley de sometimiento no han sido tenidas en cuenta.

“Podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad, asimilando esto a una suerte de indulto, y pareciendo esto a proceso de paz con narcotraficantes y herederos de estructuras paramilitares”, añadió Barbosa.

Carnetización de disidencias

El fiscal Barbosa también aprovechó para denunciar una supuesta carnetización a la población civil de Caquetá por parte de disidencias de las Farc. Catalogó los presuntos hechos como muy graves.

Finalmente, le pidió al Gobierno que considere la limitación del uso de la figura del principio de oportunidad para que solo sea aplicado solo al delito de concierto para delinquir general.

Finalmente, le pedió a la Corte Constitucional que en caso de aprobarse la ley sin tener en cuenta las observaciones presentadas por la Fiscalía, la declare inconstitucional.