Regulación del mercado de drogas, entre recomendaciones de Comisión de la Verdad

Tras más de tres años de trabajo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad presenta desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán su informe final sobre el conflicto armado que vivió el país en las últimas seis décadas; sus causas, dinámicas y consecuencias. Es importante aclara que este documento no busca aportar a la verdad judicial, sino reconstruir, a partir de las versiones de los actores, qué fue lo que pasó.

El informe tiene en total 10 tomos, de los cuales se presenta hoy el que corresponde a la síntesis y hallazgos de la Comisión, así como las recomendaciones para que una situación de este tipo no se vuelva a repetir. Los otros abordan cuestiones como violaciones de los derechos humanos, violencia sexual y comportamiento de los diferentes actores del conflicto.

Para la elaboración del documento, la Comisión hizo cerca de 15.000 entrevistas, escuchó más de 28.000 víctimas de todas los actores, recibió 1.195 informes de esclarecimiento de varias instituciones y organizaciones, y 730 casos.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, abrió su intervención reiterando que invitaron al presidente Iván Duque, quien envió en su representación al ministro del Interior, Daniel Palacios. Así mismo, saludó al presidente electo, Gustavo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez.

"Traemos un mensaje de esperanza y futuro, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad", dijo al reiterar que el informe surge de escuchar a las víctimas y quienes han aceptado responsabilidad ética, política y penal.

"Hay un futuro para construir en medio de nuestras legitimas diferencias. no podemos postergar el día en que la paz sea un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento", agregó, recordando la memoria de Alfredo Molano y Ángela Salazar, dos de los comisionados que fallecieron durante su trabajo en la Comisión.

"Hemos escuchado más de 30.00 victimas en encuentros personales y colectivos, a las comunidades afro, indígenas, gitanos, raizales, hemos visitado más de 24 países en exilio y recibido mas de 1.000 informes. Escuchamos a todos los expresidentes vivos, nos reunimos con las Fuerzas Militares en varias ocasiones, y con los comparecientes ante la JEP, excombatientes de las Farc y otras guerrillas, exparamilitares del Pacto de Ralito", dijo el padre De Roux, destacando el apoyo de la comunidad internacional.

"Recibimos la misión de esclarecer este conflicto, dignificar a las victimas, alcanzar la convivencia en los territorios y establecer caminos de no repetición. Hicimos lo que nos fue posible, y lo entregamos hoy", anotó.

"¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y el Estado parar la guerra y negociar la paz? ¿Dónde estaban el Congreso y los partidos políticos? ¿Hasta donde quienes tomaron las armas calcularon las consecuencias de su decisión? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron avanzar la impunidad? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos atrevemos a dejar que continúe?", son algunas de las preguntas que guiaron el trabajo de la Comisión.

Las palabras del presidente electo, Gustavo Petro

El presidente electo, Gustavo Petro, recibió del padre Francisco De Roux las recomendaciones principales que recoge el informe y dijo, en su primera intervención pública desde que ganó las elecciones, que "este esfuerzo no puede ser considerado la verdad. La aproximación a la verdad no puede ser considerada un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las armas, vueltas palabras, ideas y relatos de tantas personas que construyeron este informe. No puede ser un espacio de venganza, de mirarse como la posibilidad de una reconciliación, de la convivencia nacional, social, de la paz".

"Uno de los climas que se ha creado a partir de los cambios en la política es el clima de la paz. Muchos gobiernos crecieron, al principio, con sus expectativas, las acrecentaron en demasía y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso ahora. Hay expectativas por la posibilidad de una paz grande, integral, no solo a cerrar unos conflictos, sino para que desaparezca el uso de las armas como el instrumento que desdice de las posibilidades del Acuerdo", agregó.

"Las sociedades siempre tendrán conflictos, pero no puede ser sinónimo de la muerte, sino de la vida, es una forma como la humanidad ha podido ascender y convertirse en civilización, el conflicto dialogado es lo que permite que la humanidad crezca", dijo.

"Cortar los ciclos de la violencia implica cortar los ciclos de la venganza, donde una víctima se vuelve victimario, los ciclos permanentes que nos llevan a la violencia, que no está en nuestros genes, sino en las formas de organizarnos y nuestros relacionamientos, en la ausencia de objetivos comunes que nos unifiquen a partir de las diferencias", anotó Petro.

"Lo que sigue a la verdad, y depende de las víctimas, es la posibilidad del perdón social, de una era de paz, de otra historia. No la historia de estos dos siglos, donde las estirpes condenadas a la soledad no tienen oportunidades. Lo que se necesita es que las generaciones tengan una segunda oportunidad, y lo vamos a hacer realidad, y estas recomendaciones se volverán eficaces".

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones puntuales, la Comisión propone un consenso como sociedad sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la persistencia del conflicto; la reparación integral de las más de nueve millones de víctimas, continuando con los reconocimientos de responsabilidades, tanto individuales como institucionales; y la construcción de paz sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz.

Además, priorizar el diálogo con los grupos armados ilegales que persisten para la negociación y/o sometimiento, especialmente con el ELN y una institucionalidad independiente y autónoma para la implementación de una "política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición que comprometa al Estado".

Se sugiere, además, replantear el problema del narcotráfico para "avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo", habida cuenta de que la guerra contra las drogas ha sido uno de los factores que han facilitado la persistencia del conflicto. "En lo inmediato, urge adoptar un enfoque de derechos humanos y de salud pública en la política frente al cultivo, el consumo y racionalizar el uso de la acción penal frente a los eslabones más débiles de la cadena que permita, entre otros, superar problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización. Y poner en marcha una propuesta hacia la regulación rigurosa del mercado y el consumo bajo control estatal e internacional en un proceso en que Colombia puede y debe jugar un papel de inspiración y liderazgo", dice el texto.

Adicionalmente, se propone "desarrollar mecanismos de investigación que le permitan al Estado y la sociedad conocer a profundidad el sistema de relaciones, alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico y entramados de la violencia", lo que pasa por su judicialización y "el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía mediante un mecanismo mixto (nacional e internacional) que investigue y esclarezca la verdad del narcotráfico", así como la permanencia de los solicitados en extradición que puedan aportar verdad.

También se propone mejorar la capacidad estatal, garantizando "la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, así como de los organismos de control", y una nueva visión de seguridad para la construcción de paz que cambie la manera en que la Fuerza Pública y el Estado hacen presencia en los territorios. En ese sentido, se sugiere modificar la forma de elección del fiscal general y garantizar la investigación efectiva de los aforados, y también separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

"Cobra relevancia la transformación del sector seguridad, y en particular del papel del lugar de la Fuerza Pública para asegurar la prevención del crimen (...); de manera que se fortalezcan el direccionamiento y liderazgo civil diferenciando la seguridad y la defensa, los sistemas de supervisión y control tanto político como disciplinario y penal, la cultura democrática de transparencia y rendición de cuentas, y en general se haga un ajuste en los roles, misiones y estructura que responda a los nuevos desafíos y a las necesidades de las comunidades y territorios", se lee en el documento, que enfatiza en la importancia de que las instituciones aborden el legado de violaciones de los derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, la reforma o eliminación del Esmad.

La Comisión también recomienda una reforma política para "abrir espacios para sectores y grupos excluidos". Esta, entre otras, debería incluir una revisión del sistema de representación del Congreso, listas cerradas en cremallera en lugar del voto preferente, fortalecimiento de la regulación de financiación de campaña y autonomía de las autoridades electorales. Igualmente, sugiere la creación de un ente con fortaleza, capacidad de coordinación y presupuesto para construir la paz. "Un ministerio o un ente que impulse las políticas del estado por la reconciliación y la construcción de paz, es una de esas herramientas que la Comisión propone".

Para garantizar las condiciones de bienestar de las comunidades, se menciona la necesidad de un "proceso de ordenamiento territorial participativo, equitativo, sostenible y multicultural", que incluya la redistribución de la tierra, el acceso a bienes y servicios públicos y oportunidades productivas en todas las regiones. En ese sentido, se pide avanzar en el catastro multipropósito y "revertir la alta concentración de las tierras y corregir los usos antieconómicos y antiecológicos de estas" a través de una reforma agraria.

Finalmente, se pide garantizar un enfoque diferencial para las minorías y transformaciones en el sistema educativo para que forme ciudadanos para la paz.