Un funcionario del ICA fue capturado por contrabando de ganado

En el departamento de Casanare, unidades de la Policía Nacional interceptaron cuatro camiones en donde eran transportadas 58 cabezas de ganado venezolano de contrabando, las cuales están avaluadas en $258 millones.

Durante el operativo desarrollado por la Policía Fiscal y Aduanera y el Ejército Nacional trató de intervenir un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien además intentó sobornar a los uniformados con $10 millones.

El funcionario fue detenido y se le imputaron cargos por los delitos de cohecho propio y favorecimiento al contrabando, además el juez de control de garantías ordenó su confinamiento en una cárcel de la región.

“Se demuestra una vez más la efectividad de los controles que realizan conjuntamente las autoridades para evitar el ingreso de animales desde Venezuela. La entidad condena y lamenta este hecho y que no cederá en su empeño para depurar el personal del ICA que no actué conforme la ley, y ponga en riesgo el trabajo serio, honesto y dedicado de miles de personas que han ofrendado hasta su vida para salvaguardar el estatus sanitarios del país”, expresó el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture.

Los operativos se desarrollaron luego de conocer información aportada por un ciudadano de la región, quien alertó sobre la entrada al país del ganado de contrabando, por lo que las autoridades trabajaron en conjunto para ubicar los vehículos.

Dos vehículos fueron interceptados saliendo de una trocha aledaña al puente sobre el río Casanare, a escasos metros del puesto de control de las autoridades aduaneras y sanitarias. Allí fueron incautados 29 semovientes tipo bovinos

Así mismo, se continuó con la persecución de los vehículos faltantes, los cuales fueron hallados en el municipio de Hato Corozal, en donde se llevaban igual número de cabezas de ganado.

Los conductores fueron detenidos y serán procesados por los delitos de favorecimiento al contrabando y podrían ser condenados a una pena de prisión entre dos y ocho años.