Con poco eco en los medios de comunicación, a pesar de la trascendencia del asunto, el pasado 18 de febrero la Ministra de Justicia anunció la presentación de un ‘borrador’ de Reforma a la Justicia.
Aclaró la ministra que el texto que se presentaba no era aún el proyecto de reforma como tal, pues el objetivo era construir la reforma entre distintos actores de la administración judicial. La intención de construir entre varios una nueva administración de justicia es positiva, pero es muy criticable que después de más de un año en que se supone el Gobierno viene trabajando en el asunto, tan solo tenga construido un ‘borrador’ y, por si eso fuera poco, de una pobreza temática increíble.
Después de varios meses en que se supone que el Gobierno venía trabajando en el asunto, es inconcebible que el ‘borrador’ de reforma se enfoque, casi que exclusivamente, en asuntos de los magistrados de las altas cortes, y que se anuncie que se asignarán facultades judiciales a los notarios como una novedad.
Me pregunto de verdad si quienes trabajaron en ese ‘borrador’ alguna vez han ido a un despacho judicial de nivel municipal o del circuito, o por lo menos a un tribunal, si de verdad conocen las demoras de la administración judicial, los problemas de los servidores judiciales para cumplir su labor y las dificultades de un ciudadano cualquiera para hacer valer sus derechos.
Mucho me temo que el diagnóstico -si es que lo hicieron- que tienen quienes elaboraron ‘el borrador’ sobre el estado actual de la administración de justicia, no supera lo que aparece en los diferentes medios de comunicación; todo indica que en ese diagnóstico se cree que la justicia no funciona como debería, simplemente porque los magistrados tienen facultades electorales o actúan en escenarios éticamente discutibles.
No cabe duda de que esos son cuestiones por corregir; obvio que es deseable que los magistrados de las altas cortes sean los mejores juristas del país, lo más éticos, que su elección sea absolutamente transparente. Sin embargo, también es obvio que eso no resuelve la tardanza judicial, la insatisfacción de los ciudadanos con sus jueces y fiscales, el día a día de los despachos judiciales. Mejor dicho, hay que decirlo con contundencia: ‘el borrador’ no va a servir para nada.
Probablemente, será un desgaste legislativo y político, pero al final, aun si se aprueba, la administración de justicia continuará enferma de muerte. Una reforma a la justicia que solo piense en los problemas de los magistrados es una muestra de que en este país cada vez más se legisla para el espectáculo, para el show, para lo que penetra los medios de comunicación.
Ojalá que esa construcción de la reforma con distintos actores, a partir del ‘borrador’ presentado por el Ministerio de Justicia, reoriente el enfoque de la reforma a la justicia. Esos actores deberán hacer caer en la cuenta de la ausencia de impacto real en el válido reclamo ciudadano de mejoramiento del sistema judicial.
Ojalá que la tan necesaria reforma judicial del país no se quede en temas algo inocuos, en titulares de prensa y en un intento fallido más de reformar a la justicia.
Realmente, espero que quienes participen en esta reforma piensen en personas reales, reclamantes de justicia, y no en los cocteles y micrófonos en los que se hablará del tema.
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