Subasta de energía: no es hora de cantar victoria

El pasado 22 de octubre, el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos los resultados de la segunda subasta de energía renovable a largo plazo organizada por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). Mediante este mecanismo se adjudicaron obligaciones de suministro de energía por el término de 15 años a ocho generadores, cinco eólicos y tres solares, a un precio promedio ponderado de asignación de $95,65 kilovatio/hora.

Si bien es cierto que Colombia venía rezagada respecto al uso de las energías renovables frente a los otros países de la región y por tanto esta subasta es un primer paso en el camino correcto por dinamizar la canasta energética del país, el Gobierno no puede bajar la guardia y debe conducir estos proyectos hasta su culminación.

No se puede desconocer que en los últimos años las entidades del sector energético han hecho un esfuerzo por crear un marco normativo que reglamente la Ley 1715 de 2014 (que reguló la integración de las energías renovables no convencionales). Sin embargo, el Gobierno debe tener en cuenta que estos proyectos se construyen desde cero y que adelantar su ejecución toma tiempo pues, entre otros, se deberá agotar la consulta previa y obtener la licencia ambiental, que, como sabemos por los otros proyectos de infraestructura que se llevan a cabo actualmente, no son tareas fáciles ni rápidas de completar.

Adicionalmente, no existe certeza sobre la fecha en que los activos de transmisión a los que se conectarán algunos de esos proyectos entrarán en operación.

A pesar de esta incertidumbre, de acuerdo con los términos de la subasta, la fecha en la que los generadores adjudicados deberán empezar a inyectar energía al sistema es el 1° de enero de 2022. Esta fecha además es importante porque de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, con la idea de contar con una matriz energética que redujera las emisiones de carbono, se introdujo la obligación para los comercializadores de energía que entre 8% y 10% de sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales (obligación que será exigible a partir del 1° de enero de 2023, de acuerdo con la regulación del Ministerio de Minas y Energía).

Así las cosas, el factor tiempo hace que los generadores que resultaron adjudicatarios en la subasta tengan que trabajar bajo unos tiempos muy apretados para poder obtener la financiación de sus proyectos y así honrar sus obligaciones de suministro para esta fecha. Se hace entonces fundamental la colaboración coordinada de todas las entidades estatales implicadas para que las autorizaciones necesarias se logren en los tiempos adecuados.

Finalmente, ya se sabe de varias demandas contra las normas que dieron lugar a la subasta y contra ciertos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, sobre la base de supuestas vulneraciones a la libre competencia en el mercado de la generación de energía, que no hacen más expedito el camino.

No se trata por tanto de aguar la fiesta, pero sí de hacer un llamado al Gobierno para que acompañe de cerca a estos proyectos y trabaje con rigor para sacar adelante las energías renovables en nuestro país, pues no sólo se trata de festejar la incorporación de algo más de 2200 MW de capacidad instalada al sistema, sino de realizar un acompañamiento permanente a estos proyectos para que efectivamente logren producir la cantidad de energía que anuncian.