La justicia demanda atención

Considerando las cifras e importantes estudios que publica la Corporación Excelencia en la Justicia y que las obtiene de fuentes oficiales, el sistema de enjuiciamiento criminal en Colombia tiene una baja respuesta a la demanda de justicia, un alto costo en términos reales y una baja credibilidad ciudadana, aspectos que demandan urgente atención. Veamos:

Los indicadores de cobertura de fiscales y jueces para 2.017 enseñan que en Colombia tenemos cerca de 5.016 fiscales y 5.522 jueces, mientras que el número de defensores públicos alcanza a los 4.500.

Para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión de Rama Judicial ($4,2 billones), Fiscalía $3,6 billones) y Defensoría Pública ($0,2 billones) se requieren cerca de $8 billones, suma importante que debería reflejar una productividad y calidad acordes con el tamaño del gasto público y una respuesta ciudadana en términos de confianza y de credibilidad en éstas instituciones. Sin embargo, la realidad, por muy diversos factores, es bien diferente. El gasto no parece justificar el tamaño de la inversión en términos de productividad y menos frente al bajo índice de credibilidad ciudadana en sus jueces, que ronda 27%.

Con un presupuesto de $8 billones, el aparato de justicia penal produce un aproximado de 69.000 sentencias al año, 42.500 preclusiones y 747.000 archivos de las investigaciones, por lo menos para 2.017. Estas cifras lo que están indicando es que la Fiscalía, por cada sentencia que obtiene sea condenatoria o absolutoria, directamente archiva 11 investigaciones y solicita a los jueces 17,5 preclusiones en favor de los investigados. Esto es, en la justicia criminal, los casos que llegan a juicio y respecto de los cuales se producen sentencias están en una proporción de 1 a 28.

El costo de cada sentencia es de aproximadamente $116 millones, sin que tengamos claro cuántas de ellas se producen por aceptación de cargos o por preacuerdos entre Fiscalía y defensa, las que por lo menos hasta 2.014 sumaban cerca de 75% del total de sentencias, lo que significaba que solo 25% se producían por acusación directa.

Sin alcanzar a abundar en mayores detalles y cifras, se evidencia una urgente necesidad de mejorar los sistemas de gestión y productividad de la administración de justicia, muy a pesar de los importantes esfuerzos de todos los actores. Es claro que los propósitos que orientaron la entrada en Colombia de un sistema de carácter acusatorio no se encuentran cumplidos, pues el sistema aún no es eficiente, no asegura la sanción prioritaria de la criminalidad organizada y la de la corrupción que mayor alarma social causa, no mejora los niveles de confianza ciudadana y tampoco consolida una mejor calidad de las decisiones. Aún se evidencian retrasos en el uso de las herramientas tecnológicas y en la inversión en policía judicial, laboratorios y equipos. El inventario de noticias criminales sin evacuar y que han quedado en manos de la Policía Judicial de investigación es todavía muy alto aumentando la carga laboral de procesos en curso sin definición en cerca de 1,8 millones, cifra en creciente aumento que se agrava por los permanentes cambios en la asignación de los casos y la alta rotación de los funcionarios.

Si a ello se suma la incoherente inflación legislativa que hace que cada 4 meses se produzca una reforma legal con una tendencia al expansionismo penal y al populismo punitivo, la improvisación en la formulación de la política anticriminal del Estado, la relajación de los criterios de imputación y la flexibilización de las garantías, es claro que se requiere una reforma de la justicia, no en términos de burocratismo, sino de eficiencia, de gerencia y de tecnología.