Gabriel Ibarra Pardo
El júbilo de los azucareros colombianos ante la decisión de Ecuador de levantar la salvaguardia impuesta, por ese país en 2017 a las importaciones de azúcar originarias de los Estados miembros de la CAN, duró apenas 24 horas.
Esa decisión se produjo el pasado 19 de noviembre en acatamiento de la orden impartida por la Secretaría a ese país el 25 de mayo del presente año.
No se había acabado de difundir esta noticia, cuando al día siguiente el gobierno ecuatoriano, decidió imponer otra medida correctiva, aún más gravosa y lesiva que la anterior contra ese mismo producto.
En esta oportunidad Ecuador restringió el contingente de importación de azúcar, a casi la mitad del que había fijado en la medida levantada, y la aplicó por un año adicional.
Como se ha referido en columnas anteriores, no es la primera vez que Ecuador impone trabas a nuestras exportaciones y decide burlar sus compromisos.
Ya en 2009 el gobierno ecuatoriano, con la aquiescencia de la Secretaría General de la CAN (SGCAN), nos había impuesto una salvaguardia cambiaria a 1.346 partidas arancelarias.
Además, en noviembre de 2017 aplicó una tasa de servicio de control aduanero a las importaciones originarias de los países de la CAN. Se trataba de un cobro en razón de unos servicios aduaneros inexistentes.
La Secretaría de la CAN calificó esta sobretasa como un gravamen al comercio intrasubregional, contrario al Programa de Liberación Andino, y solicitó su remoción.
La nueva restricción impuesta por el Ecuador es una muestra más de que la revisión del esquema que rige nuestras relaciones con el Ecuador no da espera y debe ser una prioridad.
Es un hecho de que al tornarse inviable la conformación de un mercado común andino, el Acuerdo de Cartagena se quedó sin objeto y a partir de ese momento la integración andina perdió la brújula. No sabemos ya para donde es que va esto.
Además el retiro de Venezuela del Acuerdo como consecuencia del cambio en el escenario político, llevó a una crisis sin retorno a la integración andina.
En la actualidad, las relaciones entre Colombia y Perú se rigen por la Alianza Pacífico y por consiguiente, en el marco de la CAN solo se están encausando las relaciones entre Colombia, Ecuador y Bolivia, con la circunstancia de que Bolivia y Ecuador gozan del estatus de países de menor desarrollo económico relativo, lo que implica que tenemos muchas obligaciones y muy pocos derechos en relación con esos países-
Todo lo anterior implica que en las relaciones entre Colombia y Ecuador se está desconociendo de manera grave el principio de reciprocidad que, según lo establece el artículo 226 de la Constitución Política, debe ser el fundamento de los compromisos comerciales.
Hay quienes pretenden consolarse con el hecho de que nuestra balanza comercial con Ecuador ha sido tradicionalmente superavitaria. Pero quienes así piensan, no reparan en que las exportaciones colombianas a ese país experimentaron una reducción de US$342 millones entre 2010 y 2017 y que el panorama hacia el futuro no hace prever lo mejor.
Por su parte, Ecuador se ha quejado de las medidas impuestas por Colombia al arroz, pero ese será tema para otra oportunidad.
En suma. Es claro que el proceso de integración con Ecuador no es serio, no es confiable, el esquema es hoy en día una gran fuente de inseguridad jurídica que no permite planear, desarrollar o mantener una oferta estructural de exportaciones hacia ese país, todo lo cual indica que urge replantearlo.
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