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OPINIÓN

¿Hacia dónde va la Costa Caribe en la era del posconflicto?

28 de enero de 2014

José David Name Cardozo

Senador de la República
Canal de noticias de Asuntos Legales

En coordinación con el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos, sectores empresariales, universidades, dirigencia gremial y voceros sociales, la Costa Caribe tiene que diseñar su carta de navegación para asumir el posconflicto, es decir, lo que viene luego de firmarse la paz con la guerrilla.

Sin lugar a dudas es complejo pero posible de lograr porque frente a una era del más alto impacto histórico en el país, tenemos que generar las condiciones necesarias que acompañen los procesos de desmovilización y reinserción a la vida civil de quienes deponen las armas.

El Acuerdo de Paz supone un gran desafío para nuestra democracia e instituciones.

Hacer la paz exige compromiso y cumplimiento de lo pactado en La Habana, demandas políticas y medidas que ayuden a la convivencia tranquila y requiere voluntad y tolerancia para encarar los momentos difíciles que sin lugar a dudas asomarán en el posconflicto.

Además de las inversiones que tendrán que ejecutarse en las regiones que, como la Costa Caribe, presentan los más elevados índices de solicitudes de reparación y restitución de tierras por cuenta de las víctimas de la violencia. Ante lo cual la participación diligente de la rama jurisdiccional es indispensable.

Estamos pensando en la Costa Competitiva y Productiva y en la Región que le hace la venia a los tratados de libre comercio, pero tenemos que pensar en el Caribe del posconflicto porque una paz sustentable y sostenible es condición sine qua non para el crecimiento económico y social sin sobresaltos.

Por eso he afirmado en pronunciamientos ante los medios de comunicación que Colombia y en especial la Región deben tener listo un nuevo Plan de Desarrollo Rural para que a la hora de firmarse la paz con la guerrilla, el posconflicto tenga rumbo seguro en las zonas de producción agropecuaria.

La actividad agropecuaria enfrenta factores que obstaculizan el crecimiento global del Caribe y contribuyen a empeorar la situación social en la zona rural, lo cual también es aprovechado por grupos al margen de la ley. Propiciar nuevas herramientas para el desarrollo rural es creer y hacer paz.

El país no puede seguir desatendiendo la productividad ganadera en el Caribe, cuando su hato representa 30% de las cabezas de ganado exportadas proviene de esta región.

Según investigaciones del especialista José Gamarra, solo 8% de las fincas ganaderas de doble propósito del Caribe opera en forma eficiente, mientras que los indicadores de productividad de la parte alta de la cadena - producción en fincas- están rezagados, de acuerdo con apreciaciones del miembro de la Junta del Banco de la República, Adolfo Meisel Roca.

Un nuevo Plan de Desarrollo Rural debe marcar la pauta para aumentar la productividad de carne y leche a través del cambio tecnológico, mejorando los pastos y las razas, dentro de lo cual es fundamental la intervención del Estado porque al ganadero no le es rentable individualmente invertir en estos procesos.

Otro aspecto prioritario es la investigación agrícola, ya que en la agricultura de países en desarrollo lo que ha tenido un retorno más alto es la inversión en investigación agropecuaria y no las inversiones que se han hecho en proyectos de irrigación o en otros esquemas rurales, de acuerdo con recientes análisis de Meisel Roca.

En la eventualidad del Acuerdo de paz, el próximo Plan de Desarrollo Nacional deberá concentrarse en las prioridades del posconflicto y aquí tendremos que trabajar con mucho ahínco y dedicación por nuestro sector agropecuario, lo cual nos ayudará a hacer más fuertes las bases de la convivencia pacífica.

Igualmente es urgente brindar más calidad educativa, erradicar el analfabetismo, impedir que los niños sigan muriendo de hambre, facilitar que la primera infancia sea mejor atendida, fomentar el emprendimiento comunitario para formalizar el empleo y desarrollar todo la infraestructura que requiere el desarrollo a gran escala con una minería responsable socialmente y la relocalización industrial en la región, entre otros aspectos.

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