Sector minero energético no puede olvidar lo social

La generación de riqueza tiene que ir acompañada de desarrollo social, y cuando se trata de dineros que se producen con la explotación de recursos naturales no renovables, la gente y el medio ambiente siempre tienen que estar en el primer lugar de las prioridades.

En Colombia, el boom minero energético nos ha servido para privilegiar nuestra economía como una de las más sobresalientes en el contexto latinoamericano e indiscutiblemente como parte de las locomotoras gubernamentales, ha jalonado al país hacia uno de los mejores momentos en producción de divisas.

El sector minero - energético es como una mujer hermosa enferma de sida, el peligro lo lleva por dentro y siempre será un potencial de alto riesgo para la salud de las naciones y la vida humana.

Los grandes flujos de dólares han desestabilizado nuestra situación cambiaria, andamos bajo el miedo a la “enfermedad holandesa” y quedamos a las puertas de que el remedio sea peor que la enfermedad.

En ese contexto, Colombia está urgida de un gobierno más responsable social y ambientalmente, así como de la presencia de unas empresas nacionales y transnacionales que hagan eco al cumplimiento cabal de una legislación que las obliga a generar desarrollo humano y a proteger la vida. Sin discursos retóricos sino con realidades tangibles.

Problemas palpables en la actividad minero energética colombiana, son los que revela un informe reciente de la Contraloría General de la República. Lo cual tiene que motivar que Senadores y Representantes a la Cámara nos pellizquemos. Porque allí se incuba una tragedia social y ambiental de incalculables proporciones.

Por esta razón y con base en una serie de efectos devastadores, entre ellos la contaminación en playas y ecosistemas marinos por la exportación de carbón y la delicada situación social que se vive en las zonas de explotación, he propuesto fijar por ley la obligatoriedad de que las grandes empresas minero energéticas ejecuten Planes de Desarrollo Socio - Ambiental.

Lo que he visto en jurisdicción de Ciénaga, lo que ha ocurrido con la operación de la Drummond y lo que ha pasado en la Bahía de Santa Marta, al igual que lo ocurre en áreas aledañas al Cerrejón en La Guajira y las grandes minas del Cesar, nos invitan a pensar en la necesidad de extremar los cuidados al medio ambiente, así como generar planes productivos para los pobladores en áreas de alta minería. Así lo dije durante un recorrido la semana pasada por varios municipios del Magdalena y en diálogo con autoridades y pobladores del Departamento de Arauca.

En el próximo periodo constitucional del Congreso de la República es urgente que nos apersonemos de este asunto porque no puede dilatarse por más tiempo. Por ejemplo, tenemos que reforzar la legislación ambiental y estructurar programas de generación de empresas comunitarias multiplicadoras del empleo, protección ambiental y calidad nutricional.

A propósito de lo que planteo, viene como anillo al dedo un informe reciente del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Colombia, Pnud, en el que se advierte que “la explotación carbonífera a gran escala en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, ha incrementado la pobreza en esa región durante los últimos años”. La conclusión alarmante es producto de una visita que funcionarios de la ONU hicieron al Cesar en marzo de 2013.

Muy puntualmente el informe señala que las veredas El Hatillo y Plan Bonito, de los municipios de El Paso, y Boquerón, en La Jagua de Ibirico, Cesar, han presentado una gran transformación en detrimento de su economía como consecuencia de la minería.

“Desde los años 90 (del siglo pasado), la presencia de la explotación carbonífera a gran escala en inmediaciones de estas veredas provocó agudos cambios en las costumbres de la población. Se ha afectado principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la explotación”, denuncia la investigación.

En esta zona la ONU se refiere a la crisis alimentaria, la problemática ambiental y los fenómenos sociales que empiezan a manifestarse, con expresión igualmente de un alto índice de prostitución en jóvenes, incluso estudiantes de bachillerato, y drogadicción, principalmente en hombres, así como casos crecientes de extorsiones.

La explotación de la minería y los hidrocarburos se nos ha vuelto un problema mayúsculo al que no le podemos dar la espalda y frente a todas sus expresiones nefastas no podemos taparnos los ojos. Yo le digo sí a la gran minería y a la extracción del petróleo y el gas, pero con desarrollo social y responsabilidad ambiental. Para que las nuevas generaciones sean testigos y testimonios de progreso y no pruebas de una destrucción permitida por una dirigencia que no supo ni pudo actuar responsablemente.