La inseguridad presupuestal y su impacto en los proyectos

Las vigencias futuras (VF) son un compromiso presupuestal del estado que, si bien no constituyen una obligación de pago inmediata, la autorización del compromiso de recursos del presupuesto de años futuros les otorga cierta fuerza vinculante dentro de los límites legales. Su efectividad depende de que cada año el Congreso apruebe el presupuesto que incluya el compromiso y su cumplimiento de la disponibilidad de recursos. De esta manera, únicamente ante casos excepcionales y si la situación fiscal del país lo requiere, estos pueden ser modificados.

Así, en proyectos de infraestructura que cuentan con VF para su financiación, los prestamistas consideran estos compromisos como una fuente confiable de repago, ya que permiten contar con certeza sobre los flujos de pago por parte del Estado, reduciendo el riesgo de desfinanciamiento y la ocurrencia de un evento de no pago del servicio de la deuda. Así, la certeza sobre el monto de los aportes y el plazo para su pago son elementos esenciales para construir el modelo financiero de los proyectos y lograr su cierre financiero.

Sin embargo, las VF no eliminan completamente la posibilidad de cambios en la política fiscal, y ha quedado demostrado que tampoco están blindadas de la política del gobierno de turno. Las recientes decisiones del Gobierno respecto al aplazamiento de $12 billones del presupuesto de 2025 y la ausencia de $13 billones de pesos por errores en el decreto de liquidación del presupuesto de 2024 (posteriormente corregidos) tienen implicaciones significativas.

Ahora bien, respecto del decreto de aplazamiento publicado a finales de enero de este año, que impacta proyectos importantes como el Metro de Bogotá, el Regiotram, algunos proyectos 4G y 5G, y otros adjudicados por el INVIAS, vale la pena hacer una aclaración. Las VF de estos proyectos no quedan aplazadas automáticamente, ya que el artículo 1 del decreto condiciona su reprogramación al cumplimiento de una de las siguientes dos condiciones: (i) que el contratista y la entidad concedente decidan de mutuo acuerdo reprogramar la fecha de pago de las vigencias del 2025; o (ii) cuando el contratista no cumpla el “cronograma de entrega de bienes y servicios de la Nación”, caso en el cual la reprogramación será procedente, para el sector de infraestructura, si el concepto emitido por el Ministerio de Transporte resulta favorable.

La reprogramación bajo la segunda condición sí resulta problemática por dos razones. En primer lugar, el criterio de "no cumplimiento del cronograma" es ambiguo y abierto a interpretaciones subjetivas, lo que genera un alto grado de inseguridad jurídica. Ante la ausencia de criterios claros para su aplicación, la decisión dependerá de la discrecionalidad del funcionario de turno en el Ministerio de Transporte. En segundo lugar, la reprogramación podría constituir un incumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad concedente, pues las VF no son solo un compromiso presupuestal del Estado, sino que su desembolso en cada vigencia fiscal, dentro de los plazos previstos, se convierte en una obligación contractual de la entidad contratante. Así, cualquier retraso en estos pagos podría afectar la estabilidad financiera de los proyectos y derivar además en controversias contractuales entre las partes del contrato.

Esta incertidumbre en torno a la estabilidad de las vigencias futuras nos está costando caro. Hay que tomarse los compromisos del Estado con seriedad. La inseguridad jurídica y la falta de claridad en la asignación de recursos aumentan el riesgo percibido por los inversionistas y prestamistas, reduciendo el interés del sector financiero, tanto local como internacional, en participar en estos proyectos. Si esta tendencia continúa, podríamos llegar al punto en que el país no pueda obtener los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura que requiere con urgencia.