La demanda de Thomas Greg & Sons costaría al estado colombiano $250.000 millones

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Lo que parecía inminente por los actos de estos días de toda la novela de la Cancillería y por las mismas declaraciones de Álvaro Leyva sucedió. Tras la reunión de ayer en la Procuraduría entre Thomas Greg & Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores finalmente no hubo conciliación y se viene una millonaria demanda de la empresa que elabora los pasaportes contra el Estado colombiano.

Los resultados serían nefastos para las finanzas de la nación, pues si bien la demanda está tasada en $117.000 millones, en caso de perder este pleito, el Estado debería pagar, aproximadamente, $250.000 millones, tal como lo señaló ayer en entrevista con LA FM el abogado Germán Calderón España quien renunció a la Cancillería, precisamente, por recomendarle a Leyva que conciliara con Thomas Greg, lo mismo que le pasó a Martha Lucía Zamora en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien salió del cargo por orden del presiente Gustavo Petro.

Y es que esa conciliación buscaba evitar un cuantioso pleito judicial por una suma superior a los $117.000 millones que reclama de la Cancillería la firma Thomas Greg por la declaratoria de desierta de la licitación de pasaportes, suma a la que la empresa estaba dispuesta a desistir si se revocaban las Resoluciones que declararon desierta la licitación y se le adjudicaba el contrato, situación que evidentemente no sucederá.

Y ahora, tras esta decisión, ¿qué pasará?, Felipe Serrano, socio de Serrano Martínez CMA, lo explica: “la audiencia de conciliación se declaró fallida. En consecuencia, se agotó el requisito de procedibilidad y Thomas Greg & Sons quedó habilitado para demandar -en congruencia con la solicitud de conciliación- la nulidad de la resolución que declaró desierto el proceso de licitación pública.

Adicionalmente, Thomas Greg & Sons planteó una petición de restablecimiento del derecho consistente en la adjudicación del contrato o, subsidiariamente, el reconocimiento de una compensación económica”.

Y es que la gran mayoría de jurista expertos coinciden en lo mismo: lo importante que era conciliar para evitar un pleito (que puede durar dos o tres años) y que le costaría al Estado una plata demasiado grande, como lo decía al abogado Calderón España.

“Lo importante de esta conciliación era evitar un perjuicio mayor, un detrimento patrimonial por una decisión que resultaba al final arbitraria y que fue contraria a la ley. Eso es lo que se previene con la conciliación, que el Estado entre a responder por una utilidad de un contrato que no se va a ejecutar, pero que está prevista dentro del modelo financiero del proponente y por tanto no va a recibir el servicio que tiene que recibir y tiene adicionalmente otro detrimento que va a tener que contratar con otra persona, con otra empresa ese servicio”, argumenta Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista, socio director de Navarrete Consultores.

Él agrega un tema adicional y es que en este momento, con este ‘desgaste’ del lío entre la Cancillería y Thomas, ya “hay un detrimento patrimonial para el Estado, porque ya el Estado tuvo que incurrir en unos costos adicionales por no haber cumplido con la adjudicación.

Es que después de que se gana un proceso licitatorio y después de que ya viene el acto de adjudicación como único paso siguiente dentro del proceso de contratación, ya no hay forma de revocarlo, entonces por eso termina siendo absolutamente arbitraria la decisión que tomó la Cancillería y por eso es que va a resultar muy fácilmente declarado responsable el Estado”.

Ayer en la tarde la empresa británica se mostró extrañada con la decisión de la Cancillería no conciliar y se ratificó en la demanda. “En la audiencia de conciliación celebrada el pasado 15 de diciembre, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se presentó a la audiencia y señaló que a la entidad le asistía ánimo conciliatorio. Así mismo, señaló -de viva voz- que el Comité había decidido conciliar, aceptando revocar los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio y adjudicando a la Unión Temporal Pasaportes 2023”. Y confirmaron que ante la negativa “en ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia”.

“Lastimosamente no se llegó a un acuerdo conciliatorio entre las partes, no obstante ser la tercera vez que se intentaba que hubiera acuerdo. La consecuencia de la declaratoria fallida de la conciliación es que la parte convocante (Thomas) puede entablar una demanda si así lo considera. Tuvimos varios acercamientos con las partes, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo”, comentó Fernanda García, procuradora judicial.

Y es que otra de las entidades que tiene en la mira este tema es la Contraloría. De hecho, en días pasados, el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, en entrevista con LR, habló sobre la preocupación que tenían por lo que pudiera perder el Estado en este proceso, pérdida que parece inminente.

Antecedentes

El Ministerio Público le había requerido a la Cancillería en su conciliación pasada para que aportara documentos, audios y videos que existieran de la reunión del comité conciliatorio, llevada a cabo el pasado 14 de diciembre y de esta forma aclarara los parámetros que definieran el compromiso a acordar. Solicitó así mismo a los miembros del Comité de Conciliación que se manifestaran respecto de la totalidad de la propuesta conciliatoria, que la Cancillería se negó a aceptar.