Petro acusó a contradictores de crear pánico económico, un delito tipificado en la ley

Todo el tema de la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre las inversiones forzosas sigue generando un fuerte debate en el país. Ayer en la tarde, el jefe de Estado publicó un trino en el que acusó al expresidente Iván Duque y a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, de pánico económico.

"El "fake news" que lanzó Duque y Vicky sobre llamar a la inversión estratégica con la que el gobierno dirigiría la reactivación económica, con una expropiación del ahorro, es un delito y se llama pánico económico. Lo que han hecho con su mentira es acercar la banca a una salida masiva de ahorradores, no creo que lo hayan hecho por ignorancia o irresponsabilidad. El ahorro privado este gobierno jamás lo va expropiar como demostramos en la reforma pensional. La mentira de Duque y Vicky, que paradoja de la extrema derecha, puede quebrar hasta a los dueños de la revista Semana", escribió Petro.

En relación con esta afirmación es importante hablar del pánico económico. Este es un delito que busca proteger la estabilidad financiera. Se comete cuando alguien divulga al público una información inexacta que pueda afectar la confianza en el mercado de valores.

Se debe aclarar que el delito de pánico económico está establecido en la norma desde 1982, sin embargo fue reformado en el artículo 302 del Nuevo Código Penal.

"El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes", dice el código.

"En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios. La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos", agrega.

Según el abogado penalista, Francisco Bernate, para que se configure este delito, no es necesario que se afecte a una empresa específicamente, pues el solo hecho de divulgar una información incorrecta, ya lo constituye. En Colombia han sido varios los casos renombrados por esta figura, sin embargo, no se conocen casos, por lo menos recientes, en los que se hubiera fallado en materia penal.

Ejemplo de este tema hay varios. Uno de ellos fue, precisamente, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Él fue denunciado por el jurista Jaime Granados. El abogado señaló en su momento que Petro, como alcalde, generó pánico económico al anunciar la posible fusión entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), haciendo perder a la ciudad casi un billón de pesos.

Otro caso se remonta a 1999, cuando José Omar Olaya Rivera fue arrestado por generar pánico económico por internet. Olaya informó que Davivienda estaba quebrada. Eso generó que los ahorradores retiraran más de $30.000 millones en un solo día. Este caso es recordado porque Olaya envió el mensaje “ya ven lo que pasó? Ja.Ja. Cómo será si desato la crisis por una semana? El pueblo ya está aburrido de los altos intereses... Bueno... mientras ustedes y el Gobierno pierden el tiempo tratando de buscarme, yo me les despido”.

Esto le generó que las autoridades colombianas lograran descubrir que uno de los mensajes provenía de Estados Unidos y otro de Buenaventura. Para el primero fue utilizado un tercero. Sin embargo, luego de ser arrestado se le tuvo que otorgar la libertad condicional porque el delito en que habría incurrido no estaría tipificado en la norma que existía en el momento.

Para el abogado comercialista, Julio José Orozco, el implicado fue investigado y capturado, pero no pudo ser condenado por la atipicidad de la conducta, que significa que para ese entonces dicho actuar no estaba calificado como delito en Colombia.

Según el jurista, el pánico económico se trata de un delito establecido en el artículo 302 del nuevo Código Penal. “El bien jurídico tutelado en dicho artículo es el mercado económico y el sistema financiero”, dijo el jurista.

Además afirmó que La ley 599 (Código Penal), en su artículo 302, protege a la Nación de cualquier intento de desestabilización económica seria que pueda afectar al país. “Por ello se prohíbe divulgar públicamente cualquier información falsa o inexacta que pueda convertirse en una bola de nieve que asuste a la sociedad”.

Igualmente, afirmó que el sistema financiero es muy sólido materialmente, pero muy débil intrínsecamente, es decir, que cualquier información irresponsable puede causar una crisis de grandes proporciones.

Por ejemplo, que un congresista afirme falsamente que el Gobierno va a controlar la tasa de cambio para que suba el dólar, inmediatamente la gente sale a comprar dólares. Otro de los casos más sonados fue el protagonizado por el editor del portal Primera Página, Héctor Mario Rodríguez.

Se trató de una información correspondiente a que la petrolera Alange Energy colapsó en enero de 2011 y los accionistas perdieron más de US$100 millones. “Yo conté los hechos y que los inversionistas habían demandado a la compañía por US$50 millones y eso no les gustó a ellos”, puntualizó.

En relación con el presente, y de ahí la denuncia de Petro vía Twitter, el presidente Iván Duque aseguró que: "lo que llaman “inversiones forzosas” no es otra cosa que el inicio del “exprópiese” de los ahorros de la gente en los bancos. Ni el Congreso ni las Cortes pueden permitir esta peligrosa agresión a los derechos de los ciudadanos. Proteger los ahorros es un deber moral".

Mientras que Dávila aseguró que: "urgente: Petro me amenazó por opinar sobre las inversiones forzosas. Aquí les explico qué dije y por qué se molestó tanto, al punto que me acusó de pánico económico, un delito que da cárcel. Una clara y grave amenaza a una periodista".

Es importante tener en cuenta que el modelo de inversiones forzosas fue empleado en Latinoamérica durante las décadas anteriores a los años 90, pero se ha venido deteriorando.

Y es que, remontándose a sus inicios, se han evidenciado algunos cambios. José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que el monto de las inversiones que se tienen que destinar a los títulos de desarrollo agropecuario ha variado. “Hoy en día es 1% de las inversiones que tienen que destinar, pero llegaron a ser 25% de los depósitos en 1951”, dijo López.

Volviendo a la actualidad, hasta el momento, estas inversiones forzosas solamente están representadas en los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, y son la principal fuente de financiamiento del sector agropecuario.

Por tanto, a partir de la Ley 16 de 1990, los bancos empezaron a hacer las inversiones forzosas solamente en TDA. De hecho, Alexandra Restrepo, presidente de Finagro, aseguró que entre enero y julio de 2024 se han colocado $22,34 billones, “con lo cual hemos llegado a una cartera de $43,87 billones”, dijo.

Pero, ¿de dónde sale el dinero de las inversiones? Proviene de todos los intermediarios vigilados por Superfinanciera y varias cooperativas vigiladas por Supersolidaria.

Ya sea de manera directa o a través del redescuento, estos actores son los que canalizan los recursos de crédito de fomento agropecuario. “Todo lo anterior sería imposible de alcanzar sin las inversiones forzosas que fondean el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario”, concluyó Restrepo.

La inversión forzosa trae consigo algunas consecuencias al sistema financiero. Por un lado, reduce la capacidad de las entidades financieras de otorgar créditos, y por otro, pueden subir la tasa de interés de los préstamos de los usuarios tradicionales del sector financiero.

Como tercer efecto, López aseguró que las inversiones forzosas reducen las utilidades y la rentabilidad de los establecimientos de crédito y de los bancos. Esto, en un contexto en el que 11 bancos tienen utilidades en rojo, no representa un buen panorama para recuperar esa estabilidad en las entidades bancarias.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, se unió a las numerosas voces que consideran equivocada la propuesta del presidente Gustavo Petro de crear nuevas inversiones forzosas al sistema financiero y dirigirlas a sectores específicos.

“Nos preocupa de sobremanera que esta mala idea del presidente, que ya se implementó en otros países como Argentina y Venezuela con pésimos resultados, siga su curso y que encuentre el apoyo del Congreso, tal como ocurrió con la reforma pensional”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.