Argumentos a favor y en contra sobre el decreto que excarcela a miembros de la primera línea

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El Gobierno expidió el decreto que dejaría en libertad a miembros de la Primera Línea

El presidente Gustavo Petro continúa materializando sus propuestas de campaña. Una de ellas, es la polémica liberación de varios integrantes de la llamada ‘primera línea’ que fueron detenidos por presuntos delitos cometidos en el marco del paro nacional de 2021, y que ahora, gracias a un decreto presidencial, pasarán a ser gestores de paz.

Esta disposición que estaba en los planes de Petro, en los últimos días se convirtió en una carrera contra reloj para el Gobierno Nacional luego de que el mandatario se comprometiera a cumplir con la medida antes de navidad. Fue así como el pasado 9 de diciembre se firmó el Decreto 2422 de 2022 y desde entonces avanza a ‘empujonazos’ por la división de opiniones en torno al tema.

Aunque el Gobierno ve en esta medida la forma para garantizar su deber de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, otros expertos consultados por Asuntos Legales dicen que se estaría promoviendo la impunidad con faltas a la Constitución, “pese a tener como base regulatoria la Ley 418 de 1997 y sus sucesivas modificaciones, especialmente la Ley 2272 de 2022, que regula los procesos de paz con organizaciones al margen de la ley”, según el abogado penalista Francisco Bernate.

Si bien, por medio de este Decreto se crea la ‘Comisión Intersectorial para la Promisión de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana’, que tiene como objetivo presentar al alto gobierno los perfiles de los próximos liberados, todavía queda duda sobre a quién le corresponde esta labor.

Se ha dicho que la decisión de elegir a quiénes gozarán de este beneficio la tendrá el jefe de estado, pero este no es un panorama aún muy claro. Según dijo Bernate, los únicos autorizados para liberar a personas privadas de la libertad en Colombia son los jueces.

La oposición rechazó esta medida y advirtió que no es más que una jugada política del presidente para mantener el respaldo político que lo tiene hoy en el poder.

Bajo este panorama, el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales dijo que le pedirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al mandatario por haber emitido dicha normatividad. Pues según él, Petro pudo haber incurrido en un posible prevaricato, puesto que jamás se le concedieron facultades para otorgar libertad, sino para negociar con estos grupos.

La procuradora Margarita Cabello Blanco también cuestionó la medida, al asegurar que es el Congreso quien debe reglamentar las características y condiciones que la ley está autorizando y no el presidente.

“Nos acostumbramos a buscar mecanismos para dar libertad a las personas juzgadas, darles credenciales al Congreso, nombrarlos negociadores o gestores de paz, haciendo que al final, la decisión sea más política que jurídica”, dijo Carlos Suárez, CEO de Estrategia y Poder. Precisando en lo que dicta el decreto, esta Comisión tendrá entre sus funciones establecer las debidas recomendaciones al presidente para que los beneficiados tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y las labores humanitarias.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, recordó que esta figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. “Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias”.

Agregó que no es indulto ni amnistía, puesto que los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz pero seguirán vinculados a los procesos penales. “En ningún momento nuestro papel será el de cuestionar las pruebas ni examinar los procesos”, reafirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Por esta razón no se designarán como voceras a personas condenadas.

María Camila Correa, profesora de derecho penal en la Universidad del Rosario, dijo que a su forma de ver, la medida no es inconstitucional e incluso, ya se ha aplicado, como lo afirmó Osuna; sin embargo, “lo problemático del caso es que no tiene clara cuál será la función a desempeñar por estos gestores; con quién van a negociar; en nombre de quién o simplemente qué van a negociar”.

Justamente esta fue una de las razones para que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, objetara la decisión. “No se entiende la figura de gestor de paz porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero. Tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz para que haya mayor claridad. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno”.

Por este motivo, Barbosa y Petro se reunirán hoy en la Casa de Nariño, para discutir sobre la libertad de estos jóvenes y las condiciones de la normativa.