Celulares y cuentas de Carlos González son rastreados por el escandalo de la Ungrd

ARTÍCULO RELACIONADO

Corte inspeccionará las oficinas de Iván Name y Andrés Calle por escándalo Ungrd

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado su investigación contra Carlos Ramón González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. Esto se debe a su supuesta implicación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz están revisando sus cuentas bancarias y movimientos financieros, además de analizar información de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, para ver si hay transacciones sospechosas durante su gestión.

Un aspecto clave de la investigación es rastrear la ubicación del teléfono celular de González en fechas importantes. Los investigadores quieren confirmar si estuvo presente en la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde, según lo que han declarado Olmedo López y Sandra Ortiz, se habría discutido el direccionamiento de contratos para beneficiar a ciertos congresistas. También están revisando el contenido de sus conversaciones con López, especialmente aquellas que podrían estar relacionadas con instrucciones para favorecer al expresidente del Senado, Iván Name.

Además, la Fiscalía está investigando la reciente actividad notarial de González para determinar si ha adquirido propiedades o metales preciosos que podrían estar conectados con los fondos desviados de la Ungrd. Para asegurar la validez de las pruebas recolectadas, la Fiscalía se dirigió al Tribunal Superior de Bogotá, que aprobó los documentos presentados. Sin embargo, la defensa de González ha apelado esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia, alegando irregularidades en el proceso.

La defensa de González también ha cuestionado la validez del informe relacionado con las actividades en las empresas de telefonía, argumentando que los documentos e imágenes proporcionados por los investigadores eran ilegibles y no ofrecían claridad sobre el procedimiento y la información obtenida. Además, señalaron inconsistencias en la forma en que la Fiscalía manejó los elementos materiales probatorios.