Contraloría reportó hallazgo fiscal de $38.000 millones en Fondo Nacional del Ahorro

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La Contraloría General reportó un hallazgo fiscal por $38.849 millones, que el Estado habría dejado de recibir como consecuencia de una venta irregular de cartera judicializada por parte del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a Disproyectos en 2017.

La entidad de control recalcó que se dio un daño al patrimonio público como resultado de una diferencia entre el valor de la venta estipulada en la cláusula quinta del contrato de compraventa de $68.435 millones, frente al valor que determinó el equipo auditor en el que la cifra ascendía a $107.284 millones. Con lo que estipuló que "consagrar una cláusula en el que se reconoce un valor inferior al que se encuentra como cartera vencida, configura un menoscabo a los recursos públicos".

Adicionalmente, indicó que se habrían cambiado 2.087 créditos de cartera respaldado en hipotecas, evaluadas y consideradas como satisfactorias, por una cuenta por cobrar de $68.435 millones que estaban concentrados en un solo deudor y que al 30 de enero de 2017 tenía $3.844 millones de capital pago.

Se "estableció que el mencionado contrato se pactó un precio de venta sin tener en cuenta las normas internas establecidas en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC V34, que establece los
criterios a considerar en este tipo de operaciones", precisó la Contraloría.

El resultado de la auditoría habría arrojado siete hallazgos fiscales por $41.625 millones; 13 hallazgos disciplinarios; 28 hallazgos a indagaciones preliminares y un beneficio de auditoría en cuantía superior a $40 millones.

"El capital suscrito y pagado del comprador no respalda el negocio jurídico contenido en el contrato de compraventa dado que el precio de compra supera 17.79 veces el capital pagado de la sociedad", concluyó.

A través de un comunicado, el Fondo Nacional del Ahorro señaló que dichos hallazgos de la Contraloría responden a una serie de denuncias que sobre el caso se ha pronunciado la entidad desde 2019. De acuerdo con la misiva, las denuncias fueron atendidas tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la Fiscalía, organismos que tomaron determinaciones al respecto.

"Así mismo, la Administración actual procedió a demandar la nulidad del contrato ante un Tribunal de Arbitramento y ha tomado las medidas contractuales procedentes frente a los incumplimientos de Disproyectos, como el relacionado con el Fondo de Reserva, con el fin de preservar el activo mientras dicho tribunal toma una decisión definitiva", se puede leer en el documento.