Procuraduría propone diálogo nacional para optimizar la política pública de víctimas

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La Procuraduría General de la Nación propuso un debate nacional alrededor de los retos en la implementación de la Política Pública de Víctimas, especialmente, frente a las garantías de no repetición

Los anterior debido a “que se hacen urgentes en escenarios de emergencia humanitaria como Cauca y Catatumbo, tras los recientes desplazamientos masivos ocurridos allí en el primer trimestre 2025 y las alertas identificadas para otras zonas del país”.

El Ministerio Público aseguró que, pese a las medidas del Gobierno Nacional por aumentar la asignación de recursos para esta política, las necesidades de los afectados superan las capacidades presupuestal e institucional, lo que requiere una mejora en los procesos de planeación, articulación nacional, nación-territorio y el incremento de la capacidad institucional del nivel territorial.

“Entre los temas críticos detectados hay deficiencias para garantizar el mínimo vital de la población afectada por las emergencias humanitarias, ausencia de políticas específicas para su estabilización socioeconómica y dificultades para acceso a los programas en zonas rurales y en el exterior”, enfatizó la Procuraduría.

Se ha indemnizado solo a 12% de los 9,8 millones de víctimas del conflicto armado registradas desde 2004 y para lograr ponerse al día se necesitan aproximadamente $83 billones, según el último costeo de la Contraloría General de la República.

“La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia, promueve el diálogo para construir consenso y garantiza su presencia desde las regiones como brújula de sus actuaciones misionales, para la promoción y defensa de sus derechos”, concluyó la entidad.