La Contraloría imputa responsabilidad fiscal a dos exgobernadores de San Andrés
La Entidad de Control recalcó que estas acusaciones son por las irregularidades en la construcción de un megacolegio en la región
20 de diciembre de 2022
Icbf respondió a la Contraloría por hallazgos de detrimento patrimonial encontrados
La Contraloría General de la República imputó a dos exgobernadores de San Andrés y Providencia, Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaler, por responsabilidad fiscal por $21.282 millones, por haber causado un daño patrimonial debido a las irregularidades en la construcción del megacolegio CEMED ‘Antonia Santos’.
Además de los exgobernadores, 14 personas también fueron cobijadas bajo las acusaciones, por la obra que nunca se terminó y que ahora está deteriorada y abandonada, en donde, según la Contraloría, se pagaron mayores valores y se dieron fallas en la etapa de planeación.
Entre los acusados están tres exsecretarios de Educación, tres exsecretarios de Infraestructura, tres supervisores del contrato de interventoría, los contratistas que integraron la Unión Temporal Mega 2014 y los miembros del consorcio que realizó la interventoría.
Los exsecretarios de educación Néstor Rojano Barraza, Ridley Huffigton Britton y Edelmira Archbolt Hawkings. Los exsecretarios de infraestructura Deysi Lin Manuel Cantero y Alejandro Lozano Bowie. Además de Elizabeth Onell Newball, Luis Albeiro Urrego Gaviria, Sheena Pérez Livington, Furel S.A., Fernando León Diez Cardona, Mauricio José Rodríguez y los interventores Opción Diseño y Construcción S.A.S., Grupo Electrocivil S.A. y Sergio Fabián Whittaker.
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