La Corte Constitucional ordenó una investigación al Inpec por varias irregularidades

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La Corte Constitucional ordenó abrir una investigación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debido a presuntos cobros en la asignación de celda y otras irregularidades en el acceso a la alimentación, el hacinamiento y malos tratos, luego de que se interpusiera una acción de tutela por parte de 36 presos.

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Con ponencia del magistrado, Jorge Enrique Ibáñez Najar, la sala segunda de revisión encontró varias irregularidades que se están presentando en la cárcel La Picota, en Bogotá. Se han presentado múltiples denuncias sobre los presuntos cobros para la asignación de celdas, por lo cual la Corte ordenó al Inpec que adelante las investigaciones y desarrolle un plan para mejorar dichas irregularidades.

En cuanto a los problemas en el acceso a la alimentación, la sala segunda tuvo en cuenta la denuncia de un contratista que afirmaba que terceros robaban la comida sin que los guardias se percataran.

“La problemática es generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”, dijo el contratista.

Las denuncias se suman a las quejas sobre la poca higiene y salubridad que hay en la cárcel, donde también habría presencia de roedores e insectos.

La tutela de los presos también contempla los tratos inhumanos por parte de guardias. Por lo cual la Corte otorgó 15 días al Inpec y a la dirección de La Picota para que cambie el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones.