Llamado de Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, por reclutamiento de menores

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo este lunes un llamado al Gobierno, a los departamentales y a los municipales para que fortalezcan acciones de prevención que contribuyan a que los menores de edad no sigan siendo reclutados por las estructuras armadas ilegales.

“En la conmemoración de lo que se constituyó como la promulgación del ‘Protocolo Facultativo Adicional de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados’ y del ‘Día Internacional de las Manos Rojas’, como llamados en contra del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y de estructuras del crimen organizado, es importante visibilizar lo que hoy está sucediendo en Colombia”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El Botón de registro de casos, de la Defensoría del Pueblo, conoció durante el 2023 un total de 184 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA), 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes.

De acuerdo con Camargo, las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos. En relación con la pertenencia, el 68,4% hacía parte de comunidades indígenas, lo que convierte a este grupo poblacional el más afectado por el delito.

Departamentos y municipios más golpeados

Del número global de casos de reclutamiento, 125 correspondieron al departamento de Cauca; 14, a Norte de Santander; diez, a Nariño; seis, a Putumayo; seis, a Arauca; cinco, a Valle del Cauca; cinco, a Caquetá; cuatro, a Amazonas; cuatro, a Chocó; tres, a Antioquia, y dos, al Meta.

Además, se conoció que Inzá (Cauca) fue el municipio donde más hubo casos, con 24. Le siguieron Páez (Cauca), con 20; Caldono (Cauca), con 18; Morales (Cauca), con 10; Tibú (Norte de Santander), con nueve; Suárez (Cauca), con siete casos de reclutamiento.

Para finalizar, Camargo aseveró que los grupos armados ilegales que con mayor frecuencia habrían recurrido a tan cruel práctica fueron las facciones disidentes de las Farc (91,1%), la guerrilla del ELN (7%), otros (1,3%) y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (0,6%).

Las cifras, sin embargo, no demuestran la realidad de la situación en Colombia, a juicio de la Defensoría del Pueblo, porque el fenómeno está relacionado con la ausencia de un sistema de información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias.