“Modificamos los POT por temas políticos, no técnicos” Juan Manuel González

Juan Manuel González es uno de los principales socios de la firma Pinilla, González y Prieto Abogados. Gracias a su trabajo en derecho urbanístico ha conseguido múltiples galardones en prestigiosas publicaciones internacionales como Chambers and Partners y The Legal 500. En esta ocasión, habló con AL sobre el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y las modificaciones frente al alcance de las acciones populares en Colombia.

¿Cuáles son los principales inconvenientes para el sector urbanístico?
Uno de los grandes retos de Colombia en la producción de ciudad es la seguridad jurídica. Mientras mantengamos focos de inseguridad jurídica en la construcción de la ciudad colombiana, va a ser muy difícil alcanzar los objetivos que tenemos de construir ciudades de calidad. El primer punto de inseguridad son los Planes de Ordenamiento Territorial; este es el elemento fundamental para garantizar la confianza inversionista. Estos planes de ordenamiento que mutan cada dos o tres años, con cada alcalde, son terribles para la producción de ciudad nueva, porque no cuentan con la impronta de los estudios técnicos para entender cómo se debe desarrollar el territorio, sino por improntas políticas. La politiquería en los POT, es lo que nos ha impedido el desarrollo urbanístico.

¿Esta inestabilidad política afecta el desarrollo urbanístico?
Claro, la fundamentación de los POT es planificar la ciudad por razones técnicas, que se estructure por estudios ambientales serios. Con todo esto se define la viabilidad de los sistemas de transporte masivo, los estudios de riesgo serios y la definición de los suelos ambientales que debe merecer cada ciudad. El problema es que modificamos los POT por temas políticos, no técnicos. Por eso digo que tendremos seguridad jurídica cuando existan pactos técnicos frente a la planificación de ciudad.

¿Cómo garantizar confianza inversionista en este sector?
Esto es una fórmula que surge de los POT que se planifiquen de forma técnica. Si tenemos buenos planes de ordenamiento, tendremos buenas licencias ambientales; porque lo que le da seguridad al sector inversionista es que la licencia de construcción sea intocable. Pero en un país en donde las licencias de construcción se atacan, tenemos mucha inestabilidad jurídica. Esto nos lleva a perder confianza inversionista.

Un tema controversial son las acciones populares ¿cuál debería ser el papel de este recurso en el sector urbanístico?
El primer problema de estas acciones son los límites de los jueces y la inexistencia en las consecuencias contra las acciones temerarias. En el país, lo único que necesita una persona para interceptar esta acción es saber leer y escribir. Pero cuando lo hace de forma temeraria, no le ocurre nada. Entonces, los políticos están utilizando las acciones populares para frenar grandes proyectos de infraestructura. Esto también promueve que los inversionistas lo piensen dos veces antes de invertir en los proyectos del país. Por eso, creo que las acciones populares deben ser reformadas y limitadas.

¿En qué puntos debería reformarse este elemento?
Es increíble cómo los jueces tienen potestades sumamente delicadas en esta clase de procedimientos. Ellos pueden imponer medidas cautelares que detienen obras durante años. Por eso considero que debemos reformular los alcances de este mecanismo y endurecer las sanciones contra las acciones temerarias. De lo contrario, dejaremos el desarrollo urbanístico en manos de acciones políticas y no técnicas.

¿Qué otras modificaciones debe tener el sector?
En Colombia funcionamos con algo llamado legislación del castigo. Sancionamos el incumplimiento en procesos que duran años y al final, cuando el Estado cobra, da con empresas que no tienen un solo peso. Eso no ha funcionado. Lo que tenemos que buscar es una legislación ágil, llamada legislación del beneficio. Con esta herramienta premiaremos la eficiencia y saldremos de la ilusión del castigo como herramienta de progreso.