SIC pide a la Alcaldía de Bogotá garantizar la seguridad de datos en aplicativo PAI 2.0
El organismo de control evidenció que la plataforma presentaba mecanismos ineficaces para proteger la información de los ciudadanos
07 de octubre de 2021La Directora de Investigación de Protección de Datos Personales, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden a la Alcaldía de Bogotá para que garantice la seguridad a la información de los ciudadanos en su aplicativo PAI 2.0 (Plan Ampliado de Inmunización).
La entidad realizó un estudio en el que evidenció que, a pesar de los elementos de captcha y de casilla de ingreso de información restringida, aún se podía acceder a datos sensibles como la salud y el estado de vacunación de una persona.
La SIC pidió a la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Salud y el Fondo Financiero de Salud que contesten tres preguntas sobre el funcionamiento del aplicativo.
"¿Qué medidas de confidencialidad ha adoptado la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para garantizar la reserva de los datos privados y sensibles relacionados con las vacunas aplicadas a los ciudadanos?", es una de ellas.
A esto, la Secretaría de Salud respondió que "desde el inicio de operación de la herramienta, se implementaron medidas de confidencialidad, como es el control de acceso y asignación de roles a los usuarios del sistema, es decir, administradores, vacunadores y usuarios de consulta, para seguimiento".
No obstante, la Dirección encontró que, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno Regional, estas fueron ineficaces e "inútiles", pues no garantizaron la confidencialidad y el acceso restringido a información de adultos y de niños y niñas.
Como medida cautelar, la Secretaría de Salud decidió inhabilitar el aplicativo, por lo que la SIC exigió que, en caso de reabrirlo, debe adoptar medidas útiles para garantizar el derecho a la protección de datos de todos los ciudadanos.
La entidad también le ordenó a la Alcaldía realizar pruebas en el PAI 2.0 y en cualquier tipo de herramienta tecnológica para detectar eventuales falles que vulneren los derechos fundamentales de las personas.
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