IA y competencia judicial en la era del ciberespacio

La inteligencia artificial (IA) ha sido definida como un sistema tecnológico que puede hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones en entornos reales, a través de diseños con niveles de autonomía, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

El objetivo de la IA es transformar muchos aspectos de la vida del ser humano y resolver algunos desafíos como el acceso a la justicia y a la atención médica, promover la movilidad a través de vehículos autónomos y en general mejorar la calidad de vida.

A medida que se desarrollan más aplicaciones a través de la IA, también se generan unos nuevos desafíos para los Estados, la economía, las compañías y para los ciudadanos.

Uno de los impactos más importantes se evidencia en la administración de justicia y no precisamente a través de la implementación de sistemas de IA para proferir fallos, como el sistema Prometea de la Corte Constitucional.

Se trata de implementar criterios para definir la competencia territorial de los jueces que lleguen a conocer de un proceso de responsabilidad civil iniciado con ocasión a los daños generados por sistemas de IA. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico de vehículos autónomos con IA genera grandes beneficios para la movilidad, la economía y el medio ambiente, pero también genera grandes retos para la administración de justicia.

Si uno de esos vehículos presenta fallas en su sistema de IA y le ocasiona daños a una persona, es posible iniciar un proceso de responsabilidad civil que busque la reparación de esos daños. Sin embargo, el primer reto es determinar cuál es el juez competente para conocer y fallar ese caso, teniendo en cuenta que los sistemas de IA no están ubicados en un territorio específico, sino en el ciberespacio.

Las reglas de competencia determinadas en el Código General del Proceso son insuficientes y tienen poco alcance cuando se trata de conocer procesos cuyos hechos pudieron ocurrir en el ciberespacio. Esto se genera porque una falla en los sistemas de IA puede ocurrir en cualquier lugar del mundo dependiendo de la ubicación de los servidores, señales de internet, bases de datos o de las conexiones IP que alimentan esos sistemas de IA.

El criterio territorial no es suficiente para determinar la competencia de un juez porque se limita a una ubicación geográfica que por regla general es el domicilio del demandado. Para evitar o resolver discusiones sobre la competencia de un juez en los casos de responsabilidad por fallas de un sistema de IA existen dos alternativas a implementar.

Una de esas alternativas es desarrollar normas de competencia y ley aplicable a través de convenios internacionales. Con esto se lograría una solución global a los conflictos de competencia. La otra alternativa es modificar el Código General del Proceso para que el juez también pueda ser el del lugar de domicilio de la víctima, a elección de esta.

Con la aplicación de este criterio pro-víctima, a través de una modificación al Código General del Proceso, Colombia estaría cumpliendo las recomendaciones de la Ocde sobre IA.

Este criterio de competencia es el que ha acogido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque así se garantiza el acceso a la administración de justicia por parte del demandante.

En conclusión, es necesario aplicar reglas de competencia judicial para los casos de responsabilidad civil por fallas de un sistema de IA, a través de convenios internaciones, que tendrían un mayor alcance global, o a través de modificaciones a las leyes de cada país que garanticen el acceso a la justicia, entendiendo que los hechos también pueden ocurrir en el ciberespacio.