José Manuel Gómez Sarmiento
La protección al consumidor financiero en Colombia no es solo una obligación normativa, es, también, una herramienta que ha venido utilizando el sistema financiero, entre otros, para construir un sistema en el que todos los actores puedan confiar. Este enfoque ha promovido un entorno económico más justo, accesible y competitivo, beneficiando tanto a las instituciones financieras como a la ciudadanía. En un país donde la confianza en el sistema financiero es crucial para la estabilidad económica y la inclusión social, el marco normativo de protección al consumidor financiero promueve la relación entre entidades y consumidores.
El artículo 78 de la Constitución Política establece la base de este enfoque, en concordancia con la misión y visión de la banca colombiana, pues garantiza que los consumidores accedan a bienes y servicios de calidad, además de información veraz y transparente. Este mandato constitucional se ha convertido en una directriz para el marco regulatorio que establece parámetros claros para las entidades financieras. Así, la Ley 1328, concreta esta visión, al crear medidas para equilibrar la relación entre las entidades vigiladas y sus clientes, promoviendo un sistema justo y responsable.
Un ejemplo claro de los avances logrados es la creación de la figura del Defensor del Consumidor Financiero, que permite a los usuarios tener una instancia imparcial que vele por sus derechos. A esto se suma la adopción de principios fundamentales como la transparencia, la educación financiera y la libertad de elección. Estos pilares no solo facilitan que los consumidores accedan a una oferta más amplia de productos y servicios, sino que también les permiten tomar decisiones informadas y contribuir a la construcción de un sistema financiero más inclusivo, lo que no solo logra ofrecer una mayor protección al consumidor, sino que también le otorga herramientas para actuar con libertad y conocimiento en el mercado financiero.
La prohibición de cláusulas y prácticas abusivas en los contratos de adhesión es otro avance significativo, al establecer que las entidades deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o que den lugar a un abuso de posición dominante.
La educación financiera, por otro lado, al fomentar la comprensión de los riesgos, costos y características de los productos financieros, se convierte en el canal que permite a los consumidores gestionar sus derechos y obligaciones. Esta visión a largo plazo es vital debido a que tiene como finalidad construir un sistema en el que el conocimiento y la confianza favorecen la inclusión financiera.
En definitiva, la protección al consumidor financiero en Colombia, que ha promovido y garantizado la banca, y que ha desarrollado de manera importante la regulación, es una herramienta que nos ha permitido tener un sistema que prioriza la justicia, la transparencia y la libertad de elección. Así, no solo se resguardan los derechos de los usuarios, sino que se promueve un mercado más equitativo y accesible, donde los ciudadanos pueden interactuar con el sistema financiero en condiciones justas.
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