El recaudo de las tarifas de peajes es una de las principales fuentes de recurso para la construcción y mantenimiento de las vías en el país, para obtener financiamiento de los proyectos, así como para remunerar a los concesionarios que las operan. Por lo tanto, la decisión acerca de su incremento o disminución genera profundas preocupaciones entre los diversos actores del sector. Les explicamos los aspectos más importantes para entender esta problemática.
¿Cuál es la entidad encargada de fijar las tarifas?
El Ministerio de Transporte es la entidad responsable de fijar las tarifas a cobrar como contraprestación por el uso de la infraestructura de todos los modos de transporte, excepto el aéreo. Para el caso de las carreteras, las tarifas que define el Ministerio aplican para las vías a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías.
¿Con qué frecuencia se modifican las tarifas?
De manera general, el Ministerio de Transporte actualiza las tarifas en enero de cada año, con base en las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) definidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). También las modifica en las fechas y porcentajes (%) pactadas en los contratos de concesión, según la entrega de la infraestructura y avance de los proyectos viales.
¿Cuál es el fondo de la reciente problemática?
Debido a la variación del IPC publicada en enero de 2023 y con el fin de tomar medidas que permitieran mantener la capacidad adquisitiva de la población, mediante el Decreto 50 de 2023 el Gobierno decidió no actualizar las tarifas de peajes para el año 2023, conservando los precios del 2022.
Si bien lo anterior fue bien recibido por los usuarios y las empresas transportadoras de carga, esta decisión generó un alto impacto financiero en los ingresos proyectados para los concesionarios y, una fuerte incertidumbre acerca del retorno de la inversión y el pago de las deudas con los financiadores.
Esta decisión ocasionó discusiones con los concesionarios acerca del desequilibrio económico de los contratos y problemas frente a la seguridad jurídica y el cumplimiento del Estado en el pago a los financiadores nacionales e internacionales.
El congelamiento de las tarifas en el 2023 generó, además, un vacío presupuestal considerable para atender la disminución de los ingresos que esperaban recibir los concesionarios, impactando de manera especial a los proyectos en etapa de operación.
El Gobierno ha analizado los mecanismos para compensar dichos efectos, incluyendo el aumento de las tarifas en más del 13% en enero de este año y el pago en reconocimiento de la diferencia en la tarifa, en algunas concesiones.
Además, el Ministerio de Transporte comunicó su intención de volver a incrementarlas en un 4,64% desde el 1 de agosto.
¿Qué factores se deben tener en cuenta?
El ajuste a las tarifas debe honrar los compromisos contractuales del Estado y atender las dinámicas propias de una economía inflacionaria como la colombiana. Asimismo, deben procurar el equilibrio entre las necesidades de financiación para la infraestructura y la estabilidad económica de las concesiones.
La decisión de congelar las tarifas en 2023 para mitigar el alza del costo de vida de los ciudadanos generó altos impactos financieros negativos para los concesionarios, los cuales siguen sin resolverse totalmente. Los posteriores aumentos tarifarios intentan corregir el déficit presupuestal creado por el mismo Gobierno, pero subrayan la importancia de tomar decisiones cuidadosas.
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