La columna pasada relaté mi experiencia con abogados jóvenes, recién graduados y las falencias que hay en su educación legal. Propuse como explicación a ese problema el hecho que las universidades (también los colegios) han relajado sus estándares de exigencia, pues prefieren adular y consentir al cliente que exigir al estudiante. Cliente y estudiante son la misma persona.
Concluí que esta situación va en desmedro de la calidad de la justicia: Ya vemos sentencias plagadas de errores de ortografía, problemas de redacción y elaboración pobre de las ideas.
¿Por qué se diferencia esa educación en los abogados?
Hoy quiero proponer otras razones para explicar el problema de la mala educación y para ello creo que hay dos grandes razones: La primera de tipo económico que consiste en que el título de abogado se obtiene sin importar la universidad de la que sea egresado.
Dicho de otra forma: La tarjeta profesional se obtiene sin importar de dónde sea graduado. Eso ha hecho que las facultades de baja calidad, que son las más baratas, tenga una acogida importante.
Hay un círculo vicioso, fatal, así: facultades mediocres compiten con las de alta calidad con el precio (19 millones semestre en los Andes, 13 en la Javeriana versus tres o cuatro millones en universidades de baja calidad), y para mantener esa estructura de precios bajos deben invertir poco en recursos y herramientas, lo que lleva a otro problema: el pénsum.
Entonces, ¿cómo se soluciona el problema?
Mientras universidades de alta calidad ofrecen pénsum con más de 60 materias, las de baja calidad ofrecen programas más ligeros, con menos materias y menor profundidad. Un barniz de lo que es el derecho y ya ¡es abogado!
Un programa de estudios complejo requiere profesores especializados en esas áreas, lo que implica el pago de buenos y generosos honorarios, y ello incentiva a las facultades de baja calidad a que, para mantener su estructura de precios baja, contraten docentes de poca calidad.
El círculo vicioso tiene cientos de aristas, y puede tener muchísimas consecuencias. Me temo que ninguna buena.
El segundo problema que veo es de índole social y cultural. Los estudiantes de hoy buscan resultados rápidamente. El cuento con que algunos crecimos que decía que las cosechas se recogen luego de arduas jornadas ha desaparecido. Hoy, en medio de una sociedad de consumidores ávidos, los resultados deben estar a la vuelta de la esquina.
Lo que está de moda es graduarse el jueves, tener la tarjeta profesional el martes y el miércoles radicar una casación penal o una demanda de pérdida de investidura.
Esta mentalidad, creo, ha permeado al derecho y a la educación legal. Así, pues, las largas y extenuantes horas en la biblioteca han pasado de moda y ello conduce a un desmejoramiento en la calidad de los profesionales, de la profesión, y en general de la práctica legal en el país.
¿Qué soluciones existen?
Me temo que las soluciones no vendrán rápido ni serán de fácil acogida: Los mercados se resisten al cambio máxime cuando implica limitar los beneficios.
El país debe analizar tres factores para enderezar el camino: Regulación del pénsum, regulación de la obtención de la tarjeta de abogado (que no es lo mismo que graduarse de abogado) y regular el número de abogados, como se hace en otras latitudes.
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