• Mateo Medina Ariza

miércoles, 14 de febrero de 2024

La institución de educación superior deberá pagarle a la empresa de petróleos $49.000 millones tras decisión del Consejo de Estado

Desde noviembre de 2006, la Universidad de Cartagena y Ecopetrol están en una batalla jurídica. Todo empezó cuando Ecopetrol realizó un pago de $49 mil millones a esa universidad por el uso de la “Estampilla Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos” por concepto de las exportaciones de petróleo que se realizaron desde el puerto de esta ciudad.

La empresa, Ecopetrol, ahora exige la devolución de ese dinero con base en la reciente decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que negó el amparo constitucional solicitado por la Universidad de Cartagena, lo que resolvió así la impugnación contra la providencia del 2 de noviembre de 2023, que declaró improcedente la acción de tutela que presentó esa alma máter.

Es decir, le obliga a la Universidad de Cartagena a devolver esa plata a Ecopetrol. El pleito se fundamenta en la Ley 334 de 1996, donde se autorizó al departamento de Bolívar para emitir la estampilla.

Cabe señalar que la disposición fue modificada por la Ley 1498 de 2015, con la que se pretende destinar el 35% del recaudo para construcción, adecuación y remodelación de la universidad y sus sedes; 25% se entregará para proyectos de investigación y el restante se distribuye en las sucursales que tiene la institución.

Con esto, la U. de Cartagena presentó una acción de cumplimiento contra Ecopetrol, en noviembre del 2006, pues consideraron que la compañía incumplió con el pago de este impuesto, y la deuda se debía calcular con las exportaciones realizadas desde el año 1997.

La demanda se presentó ante el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, en enero del 2007, el cual negó que la compañía debía pagarle a la universidad, pero el 12 de marzo de 2007 escaló el caso ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, que decidió revocar este fallo, añadiendo que la empresa sí debía pagar ese dinero.

El monto sería fijado a través de una evaluación realizada por la Contraloría, que el 31 de agosto de 2007 dijo que Ecopetrol no había incumplido, por lo que no había monto que determinar. Esto motivó a la universidad para radicar un escrito, nuevamente ante el Juzgado Trece, para que se continuara con el proceso, y así determinar la supuesta deuda de la petrolera.

Tras varias peticiones, tutelas y fallos, el Tribunal Administrativo de Bolívar le solicitó a la Contraloría que efectuara el cálculo, y se le ordenó a Ecopetrol pagar un total de $49.268.149.869, que se entregaron en dos cuotas.

La primera se dio el 3 de marzo de 2009, donde se pagaron $26.402.634.272, y la segunda fue de $22.865.515.597, girada el 9 de abril de 2010.

Pese a que el dinero fue entregado, Ecopetrol se mantuvo con el pleito, interponiendo acciones de tutela, alegando que no se le había respetado el debido proceso y que se le vulneró su derecho fundamental al acceso a la justicia.

Con esto pretendían que se dejaran sin efecto las sentencias donde se les obligaba a pagar la deuda. Fue hasta el 26 de julio de 2012 cuando la empresa le pidió a la Universidad de Cartagena que se le devolviera el dinero de las estampillas, pedido que en principio se negó, pero que hay que hacer.

Tras la decisión, William Malkun, rector de la Universidad de Cartagena, aseguró ayer que la universidad no tiene los recursos para responder por ese monto.

“Una universidad pública en Colombia es muy difícil que tenga recursos, más cuando las universidades públicas tienen un día a día en la lucha por conseguir recursos para poder cumplir con su objetivo misional. Para nosotros, el tener que devolver recursos físicos, es decir, dinero como tal, significaría el cierre de la Universidad de Cartagena. Es supremamente difícil esa opción. Y yo lo he manifestado en todos los escenarios, que la universidad no tiene con qué pagar esa deuda así de llano físicamente.

"Y lo que pretende la empresa o los arreglos que pretende, de llegar a entregar los bienes patrimoniales a la universidad, eso tampoco va a suceder porque no creo que yo me someta a entregar el patrimonio de casi 200 años con lo pocos que cuenta la Universidad de Cartagena, que es su infraestructura donde funciona”.

Ecopetrol, entre tanto, aseguró que debe recuperar el dinero. “Ecopetrol, como entidad del orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía, tiene el deber de velar por el buen manejo de los recursos públicos de la Nación. Por consiguiente, está en la obligación de recuperar el monto pagado a la Universidad de Cartagena en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado. De no hacerlo se configuraría en detrimento patrimonial”.

Aunque la empresa de petróleos necesita esos recursos de vuelta, sabe que la Universidad de Cartagena no está en capacidad de realizar dicha devolución. Es por esto que se están adelantando mesas de diálogos, donde está participando el gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana, con el fin de saldar la deuda, sin comprometer la viabilidad económica y financiera de la institución educativa.

“Nosotros aún no hemos tenido participación en la mesa de Ecopetrol. Tenemos una reunión prevista para la próxima semana para hacer esos acercamientos, pero en todos los escenarios en los que he participado he sido claro en decir que no voy a renunciar a la defensa jurídica de la Universidad de Cartagena. Si este llamamiento que nos hacen es para que claudiquemos ante las instancias que todavía tenemos para reclamar, dejaría yo un mal precedente para la Universidad de Cartagena”, agregó Malkun.

Para él, a este pleito todavía le queda el proceso ante la Corte Constitucional, porque de fondo “no han resuelto nada. Lo que nosotros pretendemos es que la Corte Constitucional revise la acción de tutela que hemos interpuesto, porque consideramos que ahí hay cosas juzgadas que el Tribunal o el Consejo de Estado no tuvo en cuenta”.

Antecedentes

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional ya había emitido un fallo en favor de la Universidad de Cartagena, hacia el año 2010, asegurando que Ecopetrol sí había incumplido con sus obligaciones tributarias, por concepto de operaciones, y por las exportaciones hechas en la capital del departamento de Bolívar. Ecopetrol también impugnó esta decisión, pero aun así no se pudo evitar el multimillonario desembolso para la Universidad.