La Superindustria abrió investigación contra las apps de créditos Eastbay y Popcash

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La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación administrativa contra Construir Comundo S.A.S porque, presuntamente, las operaciones de crédito que realiza a través de las aplicaciones Eastbay y Popcash cometieron cinco infracciones al régimen de protección del consumidor.

Según la entidad, las aplicaciones habrían presentado información engañosa, "que carece de claridad, veracidad y precisión", sobre los plazos para realizar los pagos de las operaciones de crédito y el cargo por el uso de la plataforma, presentándolo como opcional cuando, en realidad, los consumidores no pueden renunciar a este.

También se investigan fallas en la calidad del servicio, en cuanto habrían exigido el pago de los créditos antes de las fechas de vencimiento, y "por ejecutar un proceso de cobro impetuoso y agresivo, con presuntas amenazas y difundiendo la información del crédito con los conocidos de los consumidores y por desembolsar una suma de dinero inferior al valor aprobado".

La tercera infracción que se investiga es el uso de cláusulas abusivas, pues los términos y condiciones limitarían la responsabilidad del proveedor de lo legalmente establecido, "al presumir la renuncia de los derechos de los consumidores establecidos en la Ley y por trasladar al consumidor la responsabilidad del proveedor". La cuarta, en cambio, tiene que ver con la falta de mecanismos de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQR). Además, no habrían atendido los requerimientos de información de la SIC, "lo cual podría configurarse como una presunta trasgresión a las órdenes impartidas" por la entidad.

De encontrarse culpable por esas conductas, la sociedad se expone a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales. A eso se suma que la entidad abrió también una investigación en la Delegatura de Datos Personales, por la presunta recolección de datos sensibles en el momento de solicitud de créditos digitales sin la autorización previa y expresa ni información sobre la finalidad de ello. Lo anterior, en contra de lo estipulado por la Ley 1581 de 2012.

La investigación, aclaró la entidad, se abrió por cuenta de más de 350 denuncias ciudadanas y la investigación apunta a que "en el ejercicio de la gestión de cobranza, (la sociedad) contactó a las personas cuyos datos son suministrados por el solicitante del crédito a modo de referencia, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de estas".

Contra la apertura de investigación no proceden recursos y, si se confirmara la vulneración del régimen de datos personales, la empresa se expone a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos, la suspensión de las actividades de tratamiento de datos personales e incluso el cierre de la operación.