Acuerdo de Escazú se ajusta a la Constitución Política del país, según viceprocurador

Silvao Gómez Strauch, viceprocurador general de la nación, envío su concepto a la Corte Constitucional en el que señala que el Acuerdo de Escazú se ajusta a la Constitución Política colombiana.

Luego de que la Corte analizara si el tratado se ajustaba a las normas colombianas, la Procuraduría señaló que el acuerdo buscaba lograr un mejor acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

El viceprocurador calificó como "razonables las medidas del tratado que buscan orientar y asistir al público para facilitar el ejercicio de sus derechos al acceso a la información en materia ambiental", ya que se permite superar una situación de déficit y debilidad de la gestión del medio, el cual incide en una escaza y poca participación ciudadana.

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Asimismo, señaló que el Acuerdo optimiza los mandatos constitucionales ya que la ciudadanía puede intervenir de manera abierta e inclusiva. "Así como debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos, incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente", manifestó Gómez Staruch.

De la misma manera, se mencionó que la Ley que aprobó el Acuerdo de Escazú, Ley 2273 de 2022, se ajustaba a la Constitución por el procedimiento parlamentario que estaba vinculado con publicaciones, mayorías y quorum, entre otros. El acuerdo fue firmado en Costa Rica en marzo de 2018 en conjunto con 25 países.