Conozca cuáles fueron los principales cambios que tuvo el principio de oportunidad

La Fiscalía General de la Nación presentó la Resolución 0561, que trae cambios al proceso de aplicación del principio de oportunidad. Esta nueva medida tiene como objetivo abordar algunos problemas que se han identificado en la gestión de este mecanismo, como la centralización de los trámites y los retrasos en su procesamiento, según lo que se detalla en el documento oficial.

El principio de oportunidad permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o incluso renunciar a la acción penal en ciertos casos, siempre bajo la supervisión de un juez de garantías. Su base legal se encuentra en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 906 de 2004, que establecen que su uso debe alinearse con la política criminal del Estado y ser regulado por el fiscal general.

Esta nueva resolución reemplaza a la No. 4155 de 2016 y se ajusta al direccionamiento estratégico 2024-2028 de la Fiscalía, que tiene entre sus metas agilizar los mecanismos para la terminación anticipada de procesos penales. Según la entidad, busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y reducir la carga procesal.

La Constitución, en su artículo 250, establece que la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos, salvo en los casos donde se aplique el principio de oportunidad. Este mecanismo no se aplica a delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y que estén relacionados con sus funciones.

La Ley 906 de 2004 indica que el Fiscal General o su delegado especial pueden aplicar el principio en delitos que conllevan penas superiores a seis años de prisión. Además, la Ley 1098 de 2006 regula este principio en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La Fiscalía General identificó que la centralización de los trámites y los retrasos en su gestión han complicado la solicitud y aplicación del principio de oportunidad. También se ha señalado un alto número de prórrogas en las solicitudes de suspensión, que requieren la autorización del Fiscal General. Con esta actualización normativa, se busca agilizar estos procesos y reducir la cantidad de solicitudes.

Recientes aplicaciones

Dos de los casos más sonados la semana pasada sobre los principios de oportunidad fueron los de Juan Carlos Cáceres y Sandra Ortiz.

El primero obtuvo el aval de un juez de la República para su principio de oportunidad entre Cáceres y la Fiscalía General de la Nación, en el contexto de la investigación relacionada con el escándalo de Centros Poblados.

Como parte del acuerdo, Cáceres Bayona recibió inmunidad total a cambio de proporcionar información clave sobre el desvío de fondos públicos a través de contratos irregulares con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC. También se comprometió a restituir $12.000 millones y a colaborar con la justicia actuando como testigo principal en el caso contra el contratista Ottomar Lascarro.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, no contó con la misma suerte, pues su solicitud no fue aceptada por la gravedad de los delitos como lavado de activos y el tráfico de influencias de servidor público. Sin embargo, se podría estar proponiendo un acuerdo de rebaja de pena a cambio de nuevas pruebas.

Para acceder al principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, el indicado debe solicitarlo ante el fiscal, aportando pruebas, proponiendo fórmulas de reparación a las víctimas y pidiendo la suspensión del juicio. El fiscal evalúa la solicitud, impone condiciones por un máximo de tres años y consulta a la víctima. Luego, un juez aprueba la medida y realiza el control de legalidad. Si se concede, se extingue la acción penal. El trámite es gratuito.