Fiscalía alista medidas penales en contra de quienes vendieron la póliza en caso MinTIC

El escándalo por el contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones, MinTIC, tendría sus primeras repercusiones penales a medida que la Fiscalía General de la Nación prepara sus primeas decisiones en el caso.

El ente de control se alista para tomar medidas penales en contra de quienes cometieron la falsedad en la garantía, lo que en materia penal se llama fraude procesal, así lo reveló este martes Darcy Quinn en La FM.

Estas medidas cobijarían a quienes intermediaron en la expedición de la garantía, es decir, contra ejecutivos de Rave Seguros y en contra del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque. Así mismo serían acusados quienes habrían falsificado la firma de los funcionarios del Banco Itaú.

La entidad bancaria ha señalado en varias ocasiones que la póliza de garantía entregada por Centros Poblados es falsa.

"Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no fueron expedidos por Banco Itaú", dijo recientemente el banco.

Agregó además que “se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos. Así mismo, como se informó en su momento al Ministerio y a los organismos de control, el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad."

Frente a este tema, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, advirtió que "Rave actuó como ese eslabón que nos conectó con quienes nos entregaron la garantía, así que las garantías no las entregó Rave directamente. Yo no sé quién es el señor Jorge Alfonso Molina García que lo escuchó todos los días de mi vida, pero nunca lo he visto, no sé quién es él, entonces Rave fue quien nos hizo la gestión para poder obtener los documentos".

Al respecto, desde Rave responden indicando que "Rave no expidió la garantía bancaria de este contrato, ya que la compañía no emite, nunca ha emitido, ni intermediado en la expedición de garantías bancarias".

Agregan además que "Jorge Molina no es, ni ha sido parte del equipo de trabajo de Rave Agencia de Seguros. Sus actuaciones hacen parte de su esfera privada y por tanto no compromete la responsabilidad de Rave Ltda".

Ahora bien, frente a las declaraciones del Banco Itaú de decir que la póliza es falsa, desde Centros Poblados indican que “ellos obviamente van a tener intereses de no pagar en caso que la póliza si llegue a ser válida”. Así lo aseguró el abogado Jorge Pinno Ricci.

El polémico contrato por $1,07 billones pasaría ahora a manos de ETB para llevar internet a más de 7.000 colegios públicos del país.