Hacinamiento en los centros carcelarios del país es de casi 19% para enero de este año

La semana pasada, la Personería de Bogotá alertó al país por los altos índices de hacinamiento en las estaciones de Policía de la capital, pues las URI llegaron a una ocupación de 600%. Según la entidad, la URI de Puente Aranda tenía 900 detenidos, para un espacio de tan solo 150 personas.

A propósito de este hecho, es importante volcar la mirada a los centros carcelarios del país para analizar el hacinamiento. Según la base de datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en enero de este año hay una sobrepoblación de 15.618 personas, pues las cárceles del país tienen capacidad para 82.232 reclusos y actualmente hay 97.850 detenidos.

Esto arroja un hacinamiento de 18,9%, un punto porcentual menos comparado con la sobrepoblación de 20% que presentaban las cárceles en enero de 2021. El problema por regiones está más presente en el Noroeste, donde el hacinamiento alcanza 44%; otras regiones, como norte y occidente, tienen 23,9% y 22%, respectivamente.

Datos adicionales de la entidad indican que, de los condenados, 68.320 son hombres y 4.663 son mujeres. Varios sindicados (medida de aseguramiento) también están dentro de las cárceles del país: 22.277 son hombres y 2.154 pertenece al género femenino.

Causas del hacinamiento

Juan José Castro, socio director de Castro Muñoz & Abogados, aseguró que el hacinamiento, tal como indica el reporte de la Personería de Bogotá, es un tema general en el país y que no está relacionado solamente con el sistema penitenciario.

“El panorama del hacinamiento es complejo, pues se trata de un fenómeno nacional porque es un tema punitivo” aseguró el abogado.

Sobre las razones del fenómeno, explicó que puede obedecer a la ausencia de una política criminal funcional en el Estado colombiano. “El análisis del delito, sobre cómo tratarlo y cómo prevenirlo, desde hace mucho tiempo se está haciendo solo con la idea de castigar”, aseguró.

Los expertos aseguran que Colombia carece de políticas preventivas y hace falta una estructuración interdisciplinar entre el derecho penal y otras áreas como la psicología; esto se hace con el fin de entender los fenómenos criminales antes de que ocurran. “La cárcel no es la última ni la única solución”, anotó Castro.

Para el abogado penalista Andrés Acosta Bohórquez, el hacinamiento puede abordarse desde varios puntos de vista. “Hay uno fundamentado en la respuesta lógica, y es decir que hay hacinamiento porque no hay suficientes cárceles. Sin embargo, la política criminal del Estado está basada en meter a la gente a la cárcel. No hay políticas de prevención efectivas del delito”, dijo.

Otro de los problemas esbozados por las fuente es el desarrollo, en el Congreso de la República, de modificaciones del sistema penal que han reducido los beneficios y han creado nuevos delitos.

Esto ha generado que, al existir tantos delitos, los fiscales y jueces no puedan cubrir tantas personas procesadas. “Son tantas las personas condenadas que no hay suficiente lugar en los centros carcelarios y las estaciones de Policía. Se terminan confundiendo en las cárceles las personas que tienen medidas de aseguramiento y a los condenados, lo que también es una afectación a los derechos humanos”, apuntó Castro.

En Colombia se ha intentado crear más cupos carcelarios desde hace más de 30 años pero, según los expertos, no hay manera de mitigar el problema con más infraestructura, pues el problema es estructural.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada a finales del año pasado, las fuentes aseguraron que tiene un problema: ofrecer seguridad a las personas a través de la cárcel.

“Todos los días aumenta la delincuencia y sigue aumentando; si no se atacan las causas de la delincuencia seguirá creciendo y el tema de política carcelaria se volverá ineficaz”, señaló Acosta.

Adicionalmente, hay políticas, como la cadena perpetua, que podrían no ser eficaces por el tema presupuestal, pues tendrían costos económicos muy altos. Castro aseguró que, en 2019, se reveló que mantener a un preso en Colombia cuesta cerca de $2 millones al mes y, si se tienen en cuenta los 3.500 convictos que hay por delitos sexuales, más la esperanza de vida, daría una cifra exorbitante. “La cifra llegaría a 10% del PIB anual”, aseguró.

Otro de los problemas es limitar los beneficios: preacuerdos, subrogados penales, prisión domiciliaria y libertad condicional.

“Esto hace que la gente tenga que estar mucho más en la cárcel por cualquier cantidad de delitos que crean a diario, lo cual no es un factor central porque, a pesar de la creación de delitos, no los persiguen”, enfatizó Acosta.

Finalmente, los expertos concluyeron que hay que desarrollar otros temas en el sistema penal, como la resocialización, y considerar la dignidad humana para reducir la criminalidad.