¿Por qué 75% de personas capturadas por hurto y porte ilegal de armas queda libre?

De las 8.271 personas capturadas por hurto calificado, hurto agravado y porte ilegal de armas enero y octubre de este año, 6.186 fueron dejadas en libertad, lo que equivale a 75% del total. El otro 25% (2.085 capturados) fueron procesados para audiencias, según los datos más recientes de la Fiscalía.

Sin embargo, para calificar cómo va el proceder de la Fiscalía, no se puede mirar en función de la estadística de cuantas personas se llevan a disposición de los jueces, sino que debe mirarse el indicador de éxito y es cuántos de esos capturados, realmente terminan siendo afectados con una medida de aseguramiento. Así lo indicó Alejandro Mejía, Socio de CMM Abogados.

“Lo que pone de presente una paradoja porque en sí, este no debería ser un factor medible en estadística para considerar una gestión como exitosa o no en tanto que la detención preventiva de las personas no está dada como una pena anticipada, sino que está prevista para cumplir tres fines claros: que el procesado comparezca al proceso, impedir que continúe delinquiendo, o porque representa un peligro para la sociedad o para la integridad de las pruebas”, sostuvo Mejía.

No obstante, Juan José Castro Muñoz, socio director de CastroMuñoz & Abogados, citó el mencionado reporte de la Fiscalía para indicar que las principales libertades de personas capturadas están relacionadas con que el ente acusador no cumple con sus obligaciones en el marco de las medidas de aseguramiento. Es decir, “para presentar las pruebas suficientes y para cumplir sustentando argumentativa y probatoriamente las finalidades constitucionales, los requisitos, objetivos y subjetivos de los que se debe disponer para aplicar dichas medidas”.

Esta última constituye la razón por la que 568 personas quedaron en libertad durante los primeros 10 meses del año. Con una mayor ocasión en los casos de hurto agravado (214); seguido, porte ilegal de armas (186) y hurto calificado (168), según el informe.

Si bien, la Fiscalía actúa dentro de los márgenes que le otorga la ley y que le delimita el código procedente penal para efectos de realizar no solo la legalización de las capturas ante los jueces de control de garantías sino también para realizar las imputaciones, la base de sus principales falencias tiene que ver con un problema estructural a nivel de soporte de investigación para darle sustento a los casos que está judicializando. Agregó el abogado penalista Juan Francisco Navarrete, director socio de Navarrete Consultores.

“ Nuestro sistema penal tiene un defecto superlativo al que nadie parece importarle y es la entrega de funciones de investigación a organismos que no están preparados técnica y presupuestalmente para hacerlo”, dijo Mejía, agregando que “el pulmón de un sistema penal debe ser la policía judicial.

Pero en Colombia no solo no está capacitada en su gran mayoría las personas que prestan este servicio, sino que además hay una total desarticulación entre ellos y los fiscales; de manera que las investigaciones que ellos realizan no cumplen con estándares elementales para llevar al juez más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de los procesados. “Por eso, esta estadística hay que medirla de la mano con otra, y es que la Fiscalía pierde seis de cada 10 juicios”, anotó.

El también abogado penalista Ivan cancino, coincidió con el resto de sus colegas consultados por Asuntos Legales al indicar que si bien, la Fiscalía tiene personal con amplía experiencia, la lucha contra el crimen y la impunidad no serán posibles hasta tanto no haya un fortalecimiento en las capacidades del personal y del presupuesto.

Indicó que la razón es muy sencilla. “Un solo fiscal puede tener por mínimo 300 carpetas para investigar y no contar si quiera con un asistente o un Policía Judicial propio; lo que hará imposible que pueda cumplir a cabalidad con su trabajo o al menos darle solución a cada uno de sus usuario con alguna situación al respecto”.

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Según el consultor Carlos Guerrero, actualmente el sistema penal colombiano funciona con casi 50% del personal que debería de tener con relación al número de delitos y de habitantes en el territorio. A esto podría obedecer que la tasa de impunidad nacional se ubique por encima de 85% en este tipo de delitos (hurto y porte ilegal de armas).

Castro Muñoz indicó que muchos de estos problemas tienen que ver con el Congreso en tanto que no ayuda sino que por el contrario, promueve iniciativas legislativas que congestionan aún más el sistema judicial haciendo que colapse. “Se requiere, que el Congreso deje de buscar en la reforma a la justicia, la oportunidad de sacar partido de las funciones electorales de las altas Cortes. Nuestra justicia adolece de muchos problemas y nos hacen creer que el remedio está en la elección de los magistrados y sus funciones electorales”, agregó Mejía, tras asegurar que el problema de fondo es la brecha presupuestal y la cantidad de funcionarios en provisionalidad.