¿Justicia pronta?

En Colombia cada vez percibimos más lejano el principio de “justicia pronta”. Según Anif en un importante informe de septiembre de 2.019, en el reporte global sobre Imperio de la ley en 126 países, el nuestro se ubicó en la posición 80, muy por debajo de Chile (26) o Perú (70). Particularmente en el área penal ocupa el puesto 106 en el imperio de la ley en la justicia criminal. Esta crisis ya es recurrente y no obstante desde 2012 los intentos de reforma han fracasado. Ello conduce a la poca credibilidad de los ciudadanos en la justicia que en la encuesta de Gallup ya se acerca al 83%. De cada 100 colombianos, 83 no creen en la justicia como institución o estructura de la democracia.

Los problemas en la justicia con el covid y después de él, seguirán siendo los mismos, solo que ahora agravados por que se ha puesto en evidencia: i) el enorme rezago en implementación de tecnologías que acusa la Rama Judicial, en equipos y plataformas, cuando no de mantenimiento; ii) las grandes dificultades para realizar eficientemente audiencias virtuales; iii) el mayor incremento de los expedientes inactivos y la baja respuesta a la demanda y, iv) la crisis de hacinamiento carcelario y el alto volumen de personas apenas en detención preventiva sin juicio pleno.

En el plan decenal 2017-2027 está considerada la reforma judicial y carcelaria como un objetivo para adelantarla en los niveles: a) estructural (reformas que exigen reforma de la Constitución o de la ley ) y b) operativo (reformas vía decretos o reglamentos, circulares o instructivos). Pero es un propósito que no ha podido siquiera iniciar su recorrido pues como se anotó, las reformas han fracasado. Y lo más grave aún es que se trataba de reformas puramente burocráticas pero no integrales que permitieran llegar a la nuez de los problemas.

En años recientes se ha avanzado en adoptar en la Constitución una importante gama de derechos fundamentales; incorporar los convenios internacionales de derechos humanos al bloque de constitucionalidad y fortalecer el control de constitucionalidad. Pero, en la respuesta judicial a los conflictos ciudadanos muy poco hemos avanzado y por ello la gestión judicial se ha convertido en una tarea cada vez más exigente, que demanda del Estado construir verdaderas políticas públicas y no respuestas de coyuntura.

El informe de Anif revela como ingresan a la justicia 2,7 millones de trámites de los que 1 millón son de la justicia criminal. Salieron del sistema ese mismo año 2,2 millones, 878.00 de la justicia penal. Ello significa que el rezago por año es de 130.000 procesos, solo en la justicia penal. Y a esos 130.00 que quedan año tras año, se suman a los 2 millones acumulados desde antes de 2.018, el sistema penal ajusta un inventario cercano a los 2,6 millones de trámites activos sin resolución. Con un problema adicional, de ese millón de procesos que salen por año desde 2.018, 85% lo son por archivos que pueden revocarse en cualquier tiempo mientras las conductas no prescriban. Llama la atención también que en juicio la Fiscalía solo alcanza un éxito en términos de sentencias de condena de 46% de las acusaciones que pide y que pierde 54% de los casos. Si a ellos se suman las recurrentes demandas contra el Estado por detenciones ilegales que han abierto un enorme hueco a las finanzas de la rama judicial, se evidencia un serio problema en la actividad investigativa de ente acusador y en la rigurosidad de sus acusaciones.

¿Qué nos espera en el mediano plazo? El Gobierno anuncia que deberá crecer la deuda pública pues acusara a fin de año un déficit cercano a los $40 billones que equivalen a 3,2 puntos porcentuales del PIB. Esos recursos están destinados a conjurar los efectos de la crisis sanitaria y la verdad es una cifra bien inferior a la que han comprometido países como Chile y Perú. Esos recursos tienen destinos prioritarios a salud, mitigación del impacto de la crisis frente al desempleo, subsidios a pequeñas y medianas empresas, devolución del IVA a poblaciones vulnerables, subsidios a la nómina, ayudas gubernamentales a los territorios, etc. A tal situación de desfinanciación, se suma un hueco fiscal por menor recaudo en la Dian cercano a los $10 billones a éstas fechas. Ello conducirá entonces a que la respuesta sea una serie de reformas para equilibrar las finanzas, pero la recuperación económica requerirá tiempo y su velocidad será sectorizada.

Si consideramos que del presupuesto de la Administración de justicia que es de cerca de 8 billones (1,2% del PIB), 90% es para gastos de funcionamiento y 10% para inversión, el futuro para mejorar esta situación de crisis actual es realmente precario. Pensar en el corto y mediano plazo en inversiones gruesas para la administración de justicia o en el sistema carcelario no se ve como algo real. Queda entonces administrar con eficiencia lo disponible y ejecutar bien.