Como ha sucedido en otros sectores, se ha generado incertidumbre respecto de la visión y estrategia del presidente electo, Gustavo Petro, frente a la continuidad en el desarrollo de la infraestructura en el país.
¿De dónde surge?
Durante el empalme presidencial, Petro envió una comunicación al actual ministro de Hacienda en la que recomendó suspender el proceso de adjudicación de la APP Megaproyecto Ruta Fluvial 5G Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
Esta APP, cuyo valor aproximado es de $3,09 billones, busca beneficiar a un millón y medio de ciudadanos en los municipios del Atlántico, Bolívar y Sucre. El gobierno Duque respondió que la suspensión del proyecto sería inconveniente, pues:
(i) pretende solucionar problemáticas derivadas de la ampliación en la hidrovía artificial que conecta al río Magdalena, para restaurar el Canal del Dique y controlar inundaciones;
(ii) la suspensión del cronograma implicaría diversas reclamaciones; y
(iii) ya se adelantaron 16 procesos de consulta previa para involucrar a la ciudadanía.
Este tipo de solicitudes relacionadas con la suspensión en el desarrollo de megaproyectos podrían implicar la falta de continuidad en el desarrollo del país, la inversión, la conectividad, el empleo y demás beneficios que se derivan de la ejecución de estos proyectos.
El mensaje del presidente electo contrasta con la actitud del sector infraestructura, que, a través de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), dio un parte de tranquilidad, manifestando su voluntad de trabajar de la mano del Gobierno entrante, luego de realizar ciertas peticiones a Petro.
¿Qué piden?
La CCI manifestó que se encuentra dispuesta a participar en el “gran acuerdo nacional” planteado por el gobierno Petro y trabajar para seguir desarrollando proyectos de infraestructura e incentivar el desarrollo del país.
Además, solicitó, en nombre del gremio, el avance en mecanismos que permitan a las empresas de ingeniería, participación en el desarrollo de obras de infraestructura, sin obstáculos en materia de financiación, ya que las empresas más pequeñas requieren urgentemente financiación y el uso de figuras como los anticipos, para la participación en el sector.
Para esto, propuso la opción de explorar estímulos tributarios, crediticios y parafiscales, a empresas que involucren a determinados grupos poblacionales, que aspiren a contratar con el Estado. También, señaló que el gremio confía en que Petro refrendará la política de Estado que ha permitido el avance del sector a través de un esquema de transporte multimodal, gracias a la cual, en los últimos 30 años, la inversión pública en infraestructura en el país pasó de 1% del PIB a cerca de 3%.
¿Qué esperar?
Aunque la solicitud del gobierno entrante genera incertidumbre, se trata de un tema que continúa en discusión. Lo cierto es que, por lo pronto, el gremio de la infraestructura se encuentra a disposición para trabajar en conjunto con el nuevo gobierno y asumir los retos claves para dar continuidad al desarrollo del sector.
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