Colombia ocupó el puesto 91 entre 140 países dentro del Índice del Estado de Derecho

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La mayoría de la población de América Latina y el Caribe considera que su gobierno utiliza la desinformación para moldear a la opinión pública a su favor, fue una de las conclusiones que se desprenden de 26 nuevos reportes nacionales sobre el Estado de Derecho publicados por el World Justice Project (WJP), que advierte de los altos niveles de autoritarismo y desconfianza generalizada en los gobiernos de la región.

De hecho, en el estudio se muestra el ranking de 140 países y calcula el nivel de fortaleza del Estado de Derecho de cada Estado. Colombia quedó en el puesto 91, con 0,48 puntos en una escala de 0 a 1.

Dinamarca, Noruega y Finlandia, quedaron en los tres primeros puestos con un puntaje superior de 0,80.

Afganistán, Camboya y Venezuela quedaron en la cola del ranking, con un puntaje por debajo de 0,35.

“Estos reportes representan las voces de las personas en toda América Latina y el Caribe y en cómo perciben y experimentan el Estado de Derecho”, dijo Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del WJP. “Estamos más contentos que nunca de compartir más datos de nuestras encuestas para ayudar a las diversas partes interesadas a identificar las debilidades del Estado de Derecho y desarrollar políticas para hacerles frente.”

El World Justice Project se basa en encuestas representativas a nivel nacional en toda América Latina y el Caribe. Los informes ilustran las tendencias a lo largo del tiempo en temas como: la corrupción, las libertades fundamentales, la criminalidad por delincuencia, la seguridad y el acceso a la justicia.

Mientras tanto, las nuevas preguntas de los cuestionarios sobre autoritarismo y democracia revelan la creencia generalizada de que los altos cargos del gobierno intentan atacar y debilitar los controles clave del poder ejecutivo.

“La percepción generalizada de un comportamiento autoritario y los bajos niveles de confianza no son un buen augurio para el Estado de Derecho y la democracia en la región”, afirmó Andersen.

Uno de los ítems que mide es el comportamiento autoritario. De este resalta el estudio que la mayoría de la población de 19 de los 26 países de la región cree que los altos cargos del gobierno atacan o desacreditan a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil.

“Encontramos que los presidentes salen a cuestionar o a atacar aquello que las publicaciones de los medios de comunicación pueda referir respecto de su gestión y es por ello que la población en América Latina, que es receptora de estas redes sociales, encuentran que se desacreditan tanto a los medios como a las ONG que cuestionan el trabajo”, explicó Francisco Bernate, profesor de la Universidad del Rosario.

Esta creencia está más extendida en Trinidad y Tobago (80%), Brasil (77%), Colombia (74%), Argentina (73%) y Bolivia (73%). Es menos frecuente en Haití (38%), donde el gobierno central es muy débil.

Jhon Mario González, analista internacional, aseguró que esto se debe “en buena parte porque tenemos, en su mayoría, democracias disfuncionales, que no obtienen suficientes resultados en materia de bienestar; porque los ciudadanos ven que el ejercicio del poder se hace por o en beneficio, en muchos casos, de clases o grupos”.

En 18 de los 26 países de América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas considera que los altos cargos del poder ejecutivo están trabajando para debilitar, influir o desobedecer al poder judicial. Al menos dos tercios de las personas en Ecuador, Argentina y Brasil sostienen cada una de estas creencias. En solo cinco países: Barbados, Haití, Honduras, Dominica y Panamá, la mayoría de la gente no está de acuerdo con todas estas percepciones.

“Las diferencias entre países es enorme, aunque de los 660 millones de habitantes de América Latina solo 5%, esto es 33 millones de habitantes, diría que viven en democracias más o menos funcionales que son: Uruguay, Costa Rica, Chile y Panamá. En el otro 95% es más susceptible que los ciudadanos desconfíen de su democracia y sus autoridades”, agregó González.

En 15 de 26 países, al menos la mitad de la población piensa que los altos cargos del gobierno atacan o intentan desacreditar el sistema electoral de su país. Esta tendencia está más extendida en Brasil (75%), Trinidad y Tobago (72%), Colombia (71%), Ecuador (71%) y Bolivia (68%). En Barbados (30%) es menos frecuente.

“La consecuencia lógica es de sobra conocida: desbordadas demandas ciudadanas, Estados débiles, con insuficientes recursos fiscales, por la baja recaudación; sentimientos anticonstitucionalistas, precaria gobernabilidad y caudillos iluminados u oportunistas. En tales condiciones, predomina la improvisación, con líderes inexpertos que buscan capitalizar el descontento ciudadano vía la oferta de soluciones mágicas que alimentan un nuevo ciclo de decepción”, concluyó González.

La confianza en los funcionarios del gobierno y los representantes electos es generalmente baja en toda América Latina y el Caribe, según el estudio.

Desconfianza generalizada

De los 26 países de la región, Barbados es el único en el que la mayoría de la gente dice confiar tanto en sus funcionarios nacionales como en los locales (68% y 69% respectivamente).

En El Salvador, la mayoría de la gente (60%) dice confiar solo en los funcionarios nacionales; mientras que en Guyana, la mitad de su población (50%) dice confiar en los funcionarios del gobierno local.

En 23 de los 26 países de la región, al menos la mitad de la población cree que todos o casi todos los miembros del congreso o parlamento nacional, son corruptos.

Esta percepción está más extendida en Colombia (88%), Perú (84%) y Paraguay (80%) y es menos frecuente en Santa Lucía (44%), Barbados (32%) y El Salvador (22%).

Desinformación

Como reflejo de las tendencias, tanto en la desconfianza como en el comportamiento autoritario percibido en toda América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas en 21 de 26 países afirman que los altos funcionarios del gobierno utilizan la desinformación para moldear la opinión pública a su favor.

Esta creencia está más extendida en Bahamas (77%), Brasil (75%) y Trinidad y Tobago (75%). La menor prevalencia se registra en Haití (37%), seguido de Panamá, donde casi la mitad de la población (49%) comparte esta creencia.

El Índice se basa en encuestas de hogares representativas a nivel nacional y en encuestas a expertos, y los nuevos informes por países extraen información adicional de las encuestas de hogares. “El Estado de Derecho es la base de las comunidades sanas que garantizan la justicia, las oportunidades y la paz”, declaró Andersen.