La reforma política propone cambio en composición del Consejo Nacional Electoral

Ayer quedó radicada la reforma política 2.0 del Gobierno del presidente de Gustavo Petro. De esta iniciativa, entre otros aspectos uno de los que más ha llamado la atención es que se plantea una transformación del Consejo Nacional Electoral, CNE.

Sobre el órgano electoral el primer cambio tiene que ver con su composición, pues actualmente los miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos a partir de postulaciones que realiza el Congreso de la República, pero con la reforma se pasaría a un sistema de elección de un concurso público a partir de cual sale una lista de elegibles que pasaría a la rama judicial, a las máximas Cortes. Es decir, que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se encargarían de elegir los magistrados. Otro cambio es que se ampliaría el periodo de los mismos, que pasaría de cuatro años a seis años.

Además, se establecen unos requisitos más específicos, ya que se valorará en ese concurso la experiencia profesional, docente en temas electorales o afines. También se establecen unas inhabilidades para poder ser magistrado del CNE, que está ligado a no estar en el mundo de la política, no haber sido directivos, no haber ocupado los cargos de elección popular, entre otros. Y sobre las funciones se propone que este puede ser un órgano de control y revisión de las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que asumiría algunas funciones que tal vez actualmente tiene la Registraduría, ya que las dos hacen parte de la organización electoral.

Sobre las autoridades electorales, la reforma expone que entre las nuevas funciones se destacarán: vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas, revocar las candidaturas de personas inhabilitadas.

De acuerdo con Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral, MOE, la propuesta de reforma de del Gobierno Nacional consiste en fortalecer el sistema político electoral a partir especialmente de unas recomendaciones que se realizaron por parte de la Misión Electoral Especial en 2017 y también se debe destacar que la propuesta tiene dos ejes más.

El primero tiene que ver con los partidos políticos e imponer listas cerradas a partir de 2030 con el fin de “corregir la división interna en los partidos y movimientos políticos producida por el voto preferente”. Según Muñoz, esto quiere decir que “la lista cerrada será bajo unos criterios de variedad, alternancia, universalidad. Lo que se busca es que los electores puedan votar más por una organización política, que por unos candidatos, tratar de llevar a que se vote por lo que representa un partido”.

El segundo eje faltante se trata de la financiación de las campañas políticas. Este punto propone que uno de los fortalecimientos sería la creación de un registro de contribuyentes a las campañas políticas, figura que no existe actualmente en Colombia.

Este “crea la obligación de que las personas que contribuyen a una campaña política informen de que contribuyeron, lo que existe es la obligación por parte de las campañas, pero no del aportante”. Además se propone un registro de proveedores para que se puedan ejercer mayores controles por parte de las autoridades, que no es solo las electorales, sino también otras entidades como la Fiscalía y esto “podría servir para efectos de establecer el origen de los recursos”.

Además, se menciona que habrán cambios en los anticipos, que si bien es una figura ya existente en Colombia, tendría otra forma de operar. Actualmente, los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos podrán solicitar en forma justificada del CNE hasta 80% de anticipo de la financiación estatal de las consultas o campañas electorales en las que participen y se autoriza ese anticipo teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y calcular su cuantía a partir del valor de la financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior.

Con la nueva propuesta, se partirá de que 50% del presupuesto irá por igual a todas las organizaciones políticas y para el valor restante se verá cuántas curules sacó el partido en la elección anterior. También se considerará cuántas mujeres y jóvenes hay en lista. Esto para evitar la entrada de recursos ilícitos y tener mayor control.