Abren investigación a funcionarios de Ecopetrol, ANH y Anla por caso Lisama

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de los presidentes de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al igual que a sus antecesores y a dos vicepresidentes de las entidades. El motivo de la evaluación es por la crisis ambiental desatada por las fallas del pozo Lisama en el corregimiento La Fortuna cerca de Barrancabermeja.

La decisión involucra al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y al expresidente Juan Carlos Echeverry, quienes según la entidad pública, habrían incumplido sus deberes legales, reglamentarios y funcionales como rectores de la empresa.

Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la petrolera estatal conoce, al menos desde 2016, los problemas asociados con el pozo. Además una auditoría que hizo la Contraloría General de la República, reveló que “Ecopetrol no realizó el abandono físico” de los pozos del programa de explotación de 2015, que hizo ante la ANH.

El anuncio incluye una medida cautelar impuesta a los vicepresidentes: Héctor Manosalva, Ricardo Coral Lucero y el gerente de operaciones Oscar Ferney Rincón Silva, quienes estarán suspendidos por un periodo de tres meses por no haber dado presuntamente desarrollo a las políticas que deben poner en marcha cuando se abandona un pozo después de su uso.

La Procuraduría también está haciendo indagaciones contra algunos servidores de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) por la presunta omisión de sus funciones en el momento en que se presentó la crisis ambiental.

La Anla no solo ha acusado a Ecopetrol por actos de negligencia, también asegura que la empresa estatal no desplegó un plan de acción a tiempo para contener los daños de la crisis.

Es necesario mencionar que para poder sellar de manera permanente el pozo, se necesitaron 29 días y se estima que cayeron 550 barriles de crudo en los cuerpos agua.

Ecopetrol respondió al anuncio del Procurador expresando que ninguno de los funcionarios que mencionó en su alocución ha sido notificado de dicho procedimiento. Agregó que todos sus trabajadores están prestos a colaborar con lo que necesite el ente investigador y que su empresa “ha actuado y atendido esta emergencia con la debida diligencia y oportunidad, sin ahorrar esfuerzos ni recursos, en los frentes técnico, social y ambiental”.

Juan Camilo Acosta, abogado de Minería & Medio Ambiente Estudio Jurídico, explicó a qué estarían expuestas las empresas y los funcionarios en caso de ser hallados culpables. “Los primeros afectados son los representantes legales de estas compañías como los directivos a quienes se les determina si incurrieron en acción u omisión. Las sanciones legales en estos casos las establece la Ley 1333 de 2009 y puede castigar con medidas como la cancelación de la licencia ambiental y tener multas de 5.000 smmlv”.

Una vez separados de sus cargos, los responsables podrían enfrentar un proceso penal. “Como personas naturales, la justicia determinaría si las sanciones impuestas con anterioridad son suficientes o si ameritan una nueva investigación”, agregó Acosta.